El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la ley educativa conocida como ley Celáa, que fue uno de los principales proyectos estrella del Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha decidido que se elabore una nueva ponencia, conforme al criterio de la mayoría, que desestime íntegramente el recurso de Vox.
La ponencia la asumirá el magistrado conservador Ricardo Enriquez, una vez que se ha rechazado su borrador inicial que avalaba la norma aunque con algunas objeciones.
¿En qué consiste la ley Celaá o LOMLOE?
La LOMLOE o 'Ley Celaá' tiene como objetivo la derogación de la LOMCE vigente y aprobada bajo el Gobierno del PP y la actualización de la socialista LOE a través de cinco pilares:
- El interés superior del menor.
- La igualdad de género y la prevención de la violencia machista.
- La mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje.
- La importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030.
- La necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.
La educación concertada, con nuevas restricciones
La 'Ley Celaá' aumenta las restricciones hacia la educación concertada, ya que contempla que tanto los centros públicos como privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias al no contemplar que estos centros soliciten el pago de cuotas a través de sus fundaciones.
Segregación por sexos e igualdad de género
La norma incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género.
La ley Celaá y los colegios de educación especial
La LOMLOE se refiere a los centros de educación especial en la disposición adicional cuarta, que establece que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
