Diez años lleva abierta la investigación que el Tribunal de Cuentas inició a raíz de las irregularidades en la tramitación de expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía. Tras una década, el Tribunal ha determinado la adopción de una liquidación provisional que aspira a que la organización sindical afronte las hipotéticas responsabilidades contables derivadas del proceso. Los posibles pagos sólo se efectuarían una vez la sentencia sea firme, pero mientras tanto, los fondos o avales quedarán bloqueados.
Irregularidades en la tramitación de las ayudas
El Tribunal ha concluido que las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía no se gestionaron de manera correcta para cumplir con el propósito de minimizar las consecuencias de los ERE sobre los trabajadores que perdieron su empleo y no podían reincorporarse al mercado laboral. De hecho, según el Tribunal, personas afectadas por expedientes de regulación de empleo y personas que "no reunían las condiciones exigidas" para recibir estas ayudas se beneficiaron de estas subvenciones.
En torno a 2,5 millones de euros del total reclamado por el Tribunal de Cuentas tendrán que ser satisfechos de forma conjunta y solidaria con la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CCOO).
Aunque el Tribunal de Cuentas se encuentra en funciones ante la incapacidad de acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación, el organismo prosigue con su labor fiscalizadora. Incluso ha tomado importantes decisiones como la imposición de una fianza de 5,4 millones de euros a exresponsables de la Generalitat de Cataluña por su actividad en el extranjero.
