La iniciativa, que firma Alberto Garzón junto a los diputados Ricardo Sixto y Josep Vendrell, se registra tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que plantea que las exenciones fiscales a la Iglesia Católica en España "pueden constituir ayudas estatales prohibidas" si se otorgan para actividades como la enseñanza no subvencionada.
En la proposición no de ley del grupo de Unidos Podemos se reclama al Gobierno del PP establecer un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia católica a través de las donaciones de sus fieles y de sus fondos propios. Solicita que se revisen los beneficios fiscales de los que disfruta, se elimine definitivamente la aportación que recibe en concepto de asignación tributaria a través del IRPF y se proceda a denunciar los Acuerdos entre España y la Santa Sede.
Los diputados firmantes denuncian la "competencia desleal" que puede significar que las confesiones religiosas tengan privilegios fiscales en sus "negocios".
En el texto de la iniciativa recuerdan también que, según la organización Europa Laica, el Estado español aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales, algo más del 1 por ciento del PIB.
Garzón, Sixto y Vendrell consideran que esta situación de "privilegio" de la que disfruta la Iglesia, "sin parangón" con otros países, "choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado". "La práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas", denuncian