Han pedido frente al Congreso que el plazo de prescripción de los delitos de pederastia no comience a los 18 años -como en la actualidad- ni a los 30 años -como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez- sino a los 50.
Es decir, los afectados tendrían hasta los 55 años para denunciar los delitos leves y hasta los 65 años los casos más graves.
Miguel Ángel -miembro de la Asociación Infancia Robada y primer denunciante del caso Monserrat- acusa al Gobierno de situar a la Iglesia por encima de la Ley.
"Creemos que se le está dando un trato de favor. Cuando ves lo que está pasando en otros países, como por ejemplo en Chile. Allí la Fiscalía está haciendo registros en los obispados y requisando los archivos secretos de la perversión. Aquí tenemos una ministra de Justicia que le pide permiso a la Iglesia para saber cuántos casos hay", ha dicho.
Por eso esta iniciativa, que suma ya más de medio millón de firmas, y que es -según las víctimas- una medida de salud pública. Aunque lo ideal, añadía Hurtado, sería mirarnos en el espejo de países como Reino Unido, Argentina, Chile o Canadá, donde los delitos de pederastia no prescriben nunca.