José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se encuentra en estos momentos en la villa coruñesa de Cedeira, en la costa norte de las Rías Altas. Ha aprovechado un pequeño momento libre para explicar la postura de su Ayuntamiento frente al plan de ahorro energético, que se puso en marcha esta medianoche.
El alcalde denuncia que no se han tenido en cuenta las diferencias territoriales a la hora de crear el real decreto, sosteniendo que las temperaturas marcadas por el mismo no son lo mismo si te encuentras en Galicia o Andalucía. Hay que recordar que el Ejecutivo a pedido a los comercios y organismos públicos que mantengan el termostato a una temperatura mínima de 27 grados en verano y 19 en invierno. "En este rincón maravilloso del noroeste que es Cedeira, aquí en Galicia, la verdad es que el termostato se ajusta de forma natural. La temperatura es extraordinaria y más aun cuando venimos de Madrid", señalaba durante la entrevista.
El cumplimiento de la medida en Madrid
El Ayuntamiento de la capital ha mostrado desde el primer momento su descontento con el plan de ahorro energético, que fue diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que siempre han sostenido que iban a ceñirse a él.
Almeida sostiene que han "dejado el recado en forma de correo electrónico desde el área de Hacienda". Esta es la responsable de enviar las instrucciones a los edificios que dependan del Ayuntamiento de Madrid, el cual es responsable del correcto cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno central. Apunta que mostraron su discrepancia "desde el primero momento", ya que el alcalde creía que "merecía la pena" señalar que una cuestión que no debería considerarse como controvertida "debería haberse hablado". Aun así, asevera como "una vez se dicta el real decreto la discrepancia no la entendemos en clave de desobediencia si no que hay que cumplirla".
Subraya la existencia de una "laguna" en el aspecto sancionador del decreto, concretamente en su objetivo de "concienciación" marcado por la ministra Teresa Ribera. "Me parece muy bien que sea un tema de concienciación, pero cuando se dicta una norma en teoría si la norma tiene cierta vocación de seriedad también se tendrá que cumplir y por lo tanto el que la incumpla también será sancionado", concluía Almeida. También acusa al gobierno de no "decir cómo entiende que se tiene que cumplir este real decreto", y solo haber "pasado la pelota" a los gobiernos locales.
Ribera señaló con anterioridad la intención de sancionar únicamente a los casos que fueran considerados como un "incumplimiento masivo" de la ley. Sobre esto, el regidor madrileño se ha cuestionado a qué se referían sus palabras, ya que no se ha indicado "cuál es el procedimiento a seguir". Defiende también la labor de la Policía Municipal, que hace "un trabajo extraordinario" día tras día, y no tiene previsto "que de forma específica vayan a destinarse efectivos a vigilar el cumplimiento de este decreto". Aun así, recalca que esto no quiere decir que se vaya a incumplir sistemáticamente el decreto, ya que "si se detectan algún tipo de incumplimiento" no dudarían en actuar.
Las principales críticas
Almeida sostiene que estas medidas han sido creadas de manera "improvisada", con "falta de diálogo" entre los más afectados por las nuevas normas. Además, mantiene que es posible que la actividad económica pueda verse afectada por las mismas. "Parece que es un tanto improvisado, quizás debería haber un período de reflexión más amplio, en segundo lugar que se debería haber hablado con los que somos afectados pero que tenemos que hacerlo cumplir y sancionarlo", decía en directo, señalando que ciertas medidas podrían "haberse estudiado mejor".
También se ha mostrado a favor de la postura de Isabel Díaz Ayuso, que pretende recurrir el real decreto ley al Tribunal Constitucional. Almeida entiende "el miedo del Gobierno al TC", haciendo especial mención a los dos estados de alarma considerados como inconstitucionales por el tribunal.
¿Cuáles serían las sanciones por incumplir el decreto?
Las multas que se impondrán por no cumplir las medidas acordadas en el real decreto ley variarán según la gravedad del acto. Estas oscilarán entre los 60.000 y 100.000 millones de euros. Son consideradas como infracciones leves acciones como no apagar las luces de los escaparates, no cerrar las puertas para evitar pérdidas energéticas y no regular el termostato a la temperatura correcta.
Las más importantes, y por lo tanto con mayor peso económico en la sanción, serán aquellas valoradas como "muy graves". Estas ascenderán hasta los 100 millones de euros, mientras que las "graves" podrán costar hasta 6 millones de euros. Antes de ser multados, los negocios u organizaciones que incumplan las medidas tendrán que ser previamente advertidos, según casuísticas que no están todavía establecidas.
