Hay otras medidas en el decreto ley como el suministro inmediato de información del IVA en tiempo real, y el endurecimiento en los pagos aplazados.
Obviamente el gobierno de Rajoy busca dinero bajo las piedras y este paquete de medidas persigue el fraude fiscal y la economía sumergida. O sea, si alguien pretende pagar a un albañil, un fontanero, un bolso o una factura de hotel o restaurante con dinero guardado en el “calcetín”, no podrá hacerlo si le cuesta un euro más de 1.000. Eso está bien, aunque es molesto que una persona perfectamente cumplidora con el fisco, no pueda pagar como le dé la gana un objeto o un servicio. Nuestra vida, nos guste o no, está completamente bancarizada.
Todo sea por pillar a los defraudadores, de acuerdo, pero ahí surge un clamor: ¿y los amnistiados fiscales por este gobierno que se acogieron a la regularización y que ni tan siquiera pagaron el miserable 10% que debían tributar? Esos presuntos 30.000 defraudadores, ¿van a ser perseguidos hasta que paguen, señor Montoro, o mejor perseguir a todos los demás?
