Los primeros meses de pandemia, España registró su récord de gasto sanitario: en menos de tres meses se gastaron 2.000 millones de euros. Más de la mitad de ese dinero fue gestionado por las Comunidades Autónomas. Ahora el Tribunal de Cuentas tiene por delante la labor titánica de auditar todos esos gastos, ministerio por ministerio, comunidad por comunidad… Veremos qué encuentran y cómo nos lo cuentan. De momento ya vamos sabiendo cosas muy irritantes como lo ocurrido en Madrid.
El alcalde Almeida, la máxima autoridad de la ciudad, se considera víctima de estafa y de 'cacería política'. Al parecer al alcalde no le gusta que le pidan explicaciones sobre cómo gasta el dinero la Administración de la que él es el último responsable.
Puede que el alcalde de Madrid no tenga responsabilidad penal en este asunto, al menos ahora mismo, pero ¿qué pasa con la responsabilidad política? ¿Para qué sirven los gestores públicos sino para controlar y disponer en qué se gasta el dinero de todos?
Imaginemos una empresa privada, ¿qué ocurriría con el máximo responsable financiero si hubiera hecho perder millones a la compañía para la que trabaja? ¿Valdría la razón de “me han estafado”? ¿o le hubieran contestado “usted está ahí precisamente para que no nos estafen”? Y algo más, ¿ cómo es que no denunció la estafa de Medina y Luceño hasta que saltó a los medios?
