Primero bajo el mandato del español Joaquín Almunia y ahora en las manos de la comisaria Margrethe Vestager, Europa se ha atrevido a imponer una multa ejemplarizante que lanza un mensaje claro: no se pueden hacer trampas tan flagrantes como que todas las empresas que ofertan sus productos o servicios por internet aparezcan siempre muy por detrás de aquellas vinculadas a Google. La colocación prominente de sus propios servicios daña claramente la competencia libre y el libre mercado.
Aunque 2.400 millones parezca una sanción muy alta, que lo es, el límite máximo de las multas está fijado en el 10% de la facturación anual de una compañía. O sea, que Google se puede permitir el pago de esa cifra aunque ya ha avanzado que estudia recurrir. De lo que no se librará es de tener que corregir la conducta castigada antes de 90 días. Si no lo hace debería hacer frente a sanciones de un 5% de la facturación diaria.
Ahora que soplan los vientos proteccionistas de Donald Trump para proteger a los productos y servicios norteamericanos es fundamental que Bruselas responda con firmeza a las prácticas ilegales de los gigantes americanos en suelo europeo.