Cuando una empresa se presente a concurso para obra pública o servicios públicos, será expulsada de la licitación si, tanto ella como alguna de sus filiales, desvían fondos a paraísos fiscales con el objetivo de evadir sus obligaciones fiscales con la Hacienda española.
En el caso de que las empresas falseen la realidad, la norma del gobierno municipal de Ada Colau prevé la resolución inminente del contrato. Aunque es la primera vez que se implementa esta medida en España, en Europa ya son varios los ayuntamientos que han sacado adelante un decreto parecido.
La evasión fiscal de las grandes corporaciones afecta gravemente a la pervivencia del estado de bienestar: es justo y necesario que desde la administración se tomen medidas. A ver cuántos imitan en esto a Ada Colau.
