En un rato vuelven a reunirse con el Gobierno esas asociaciones de jueces y fiscales que de momento siguen amenazando con huelga a partir de día 16 de mayo. Es la tercera vez que se reúnen y las negociaciones, como acabamos de escuchar, pues no pintan bien a pesar de que el Gobierno ofrece una partida de más de 46 millones de euros para subirles el sueldo, que supone casi 500 euros más cada mes.
Las consecuencias de una huelga en la justicia desde luego son devastadoras para el ciudadano y los servicios públicos. La pregunta es si puede un poder del Estado ponerse en huelga, sobre todo sabiendo que para jueces y fiscales, a diferencia de para cualquier otro español, esa huelga no tiene consecuencias. Es decir, no se le puede descontar ni un euro de su salario. ¿Cómo es posible que cualquiera que haga huelga en España vea penalizada económicamente su hoja salarial y los jueces no?
Pues porque los ellos mismos sentenciaron en contra de que se les pueda descontar cada día no trabajado. Más allá de todo esto, que no me digan que no tiene una reflexión que hacer, nos preguntamos cuál es la situación de los funcionarios de justicia y cuáles son sus reivindicaciones, si es casual o no el momento escogido para esta reivindicación
