Hay una máxima de los Servicios Secretos que dice que hay cosas que no se pueden hacer, si se hacen no se deben decir y, si se dicen, se niegan. Es interesante recordarlo porque llevamos dos semanas con la política española empantanada en el tema del espionaje a través de Pegasus.
Empezó con la denuncia de un espionaje masivo a independentistas y hemos acabado conociendo públicamente un espionaje al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa. Esta mañana, la directora del CNI ha dado explicaciones sobre ese espionaje de Pegasus, lo ha hecho en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que no se reunía desde hace tres años por el bloqueo cruzado de los partidos políticos a sus integrantes.
Sus señorías no han salido hoy satisfechos de la reunión, pero no sabemos mucho porque es secreto. Bueno, sabemos algo, solo que fueron 18 las personas espiadas legalmente, es decir, con orden judicial.
De los secretos oficiales y de cómo están legislados en España vamos a hablar hoy en el tiempo de Gabinete. La ley en vigor, la que tenemos, se remonta a 1968. Es una ley de la dictadura, llena de anacronismos y, sobre todo, no contempla plazo de caducidad. O sea, los secretos los son para siempre. El hecho de que esos documentos secretos no puedan desclasificarse nunca, ni siquiera pasadas varias décadas. Es lo que nos hace distintos, lo que nos deja fuera de la homologación con cualquier democracia occidental. Incluso organismos como la UE y la propia OTAN.
Nos preguntamos por qué aún no se ha actualizado esa ley secretos oficiales y si puede mantenerse en democracia una ley de la dictadura para proteger a los servicios de inteligencia y cuándo deben preescribir los secretos.
