Mañana se realizará en Barcelona el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, una ceremonia que por primera vez en más de 20 años no presidirá el Rey.
Esta decisión ha sido tomada por el Gobierno, algo que ha causado múltiples críticas en algunos sectores de la judicatura, así como en el ámbito político.
Esta mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha eludido aclarar quién en concreto ha tomado esta decisión, y tampoco lo desveló ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Por parte de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, considera que el Rey puede ir a Cataluña pero que otra cosa es a qué va y cuándo, aunque igualmente "el Estado ha de estar en Cataluña".
La ausencia de Felipe VI ha molestado a las asociaciones de magistrados, a algunas por el hecho en sí y a otras por la falta de transparencia al no explicarse los motivos.
En la oposición, el PP ha acusado al Gobierno de ceder ante los independentistas y no cumplir con su obligación de proteger a la Monarquía. Pero lo que dice el ejecutivo es que si no va es precisamente para protegerlo.
Recordemos por ejemplo que en su gira por las comunidades en plena pandemia, los reyes se fueron a un recinto cerrado y protegido como es el Monasterio de Poblet, un recinto cerrado y bunquerizado.
De todos modos, la presencia del Rey en este acto no es obligada por ley, sino algo tradicional y protocolario. Por lo que sorprende la reacción encendida de la judicatura cuando no se observa nada parecido frente al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación sí está fijada por la Constitución cada 5 años y que lleva aplazándose desde diciembre de 2018.
Con Juan Manuel de Prada, Elisa Beni y Estefanía Molina reflexionamos en el Gabinete sobre cómo, por qué y de qué se tiene que proteger a la Monarquía, y si el poder ejecutivo no debe meterse en los asuntos judiciales, por qué los jueces se están metiendo en política.
