En el Gabinete planteamos el tema de los temporeros, esos trabajadores migrantes que se desplazan hasta nuestro país para cubrir las campañas agrícolas. Hace unos meses nadie quería recoger la fruta de nuestros árboles, y es un hecho que estas personas son esenciales para recoger todas esas cosechas y que los productos puedan llegar al mercado.
No obstante, no solo es un oficio que está muy mal pagado, sino que los temporeros están viviendo de forma hacinada y algunos han estado viviendo hasta en la calle. Este problemano es una novedad, ya que estos trabajadores llevan décadas sufriendo condiciones indignas de trabajo. Lo que ha hecho el coronavirus es acentuar este asunto convirtiéndolos en focos de contagio, y han sido señalados como responsables y no como víctimas. Lo que ha sucedido con el brote de Segrià (Lleida) lleva todos estos ingredientes.
De los 15 brotes que hay activos, 11 están relacionados con empresas frutícolas de esta comarca. Solo a Lleida suelen llegar cada año 30.000 temporeros, muchos de ellos sin contrato. A raíz de la pandemia, se ha vuelto más grave. Algunos días más de 200 temporeros han pasado la noche en la calle, y hasta principios de junio no se abrió un pabellón para acogerles, porque nadie quería.
Con este rebrote descontrolado y la comarca confinada, estamos viendo que tanto el Govern del señor Torra, como los ayuntamientos y el Gobierno central se están echando las culpas entre ellos, y nadie se hace responsable.
Siendo algo que ya se veía venir, ¿qué se ha hecho mal en estos últimos meses? ¿Qué han hecho los distintos gobiernos para una situación de riesgo que no ha pillado por sorpresa a nadie? ¿Dónde se sitúan los derechos laborales? ¿Qué papel tienen los contratantes en este asunto? Todo esto a debate con Elisa Beni, Ignasi Guardans y Juan Manuel de Prada.