El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han cerrado la nueva Ley de Vivienda. El acuerdo incluye límites a los alquileres de grandes propietarios, a partir de 10 viviendas, y desgravaciones del 90% para los pequeños que bajen los alquileres, además de un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades.
En paralelo, se arbitrarán incentivos fiscales para bajar el precio de la vivienda, según ha explicado Bolaños tras la reunión del Consejo de ministros. En concreto, se ha referido a una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior.
También, se habilitará a los ayuntamientos a decretar subidas de IBI de hasta el 150% para gravar viviendas vacías que estén fuera del mercado del alquiler. El pacto obligaría a reservar para vivienda protegida el 30% de las promociones y a destinar la mitad de ese porcentaje al alquiler social.
El Partido Popular ha denunciado que la futura Ley de Vivienda es un ataque a la propiedad privada y ha anunciado recurso al Constitucional. Mientras, Pedro Sánchez ha pedido a la oposición que se lea el texto para sumarse a este pacto de Estado. "No se puede decir que no a un proyecto de ley que no se ha podido leer ni ha sido debatido en las Cortes. No se puede cerrar la puerta a todo tipo de acuerdo para un problema de la sociedad", ha expuesto el presidente del Gobierno.
Finalmente, el Sindicato de Inquilinos de Madrid cree que la ley se queda corta. En un comunicado, ha defendido que los precios, artificialmente inflados, deben bajar de forma obligatoria para el conjunto del alquiler. En el otro extremo, los promotores consideran que esta decisión va a tener el pernicioso efecto de que baje la oferta de inmuebles.
