El pasado viernes conocimos que el Gobierno de España había decidido cambiar su posición en la guerra del sur del Sáhara decantando su apoyo hacia el frente marroquí, país con el que las relaciones llevaban meses tensionadas. Esta política de "adaptación a las circunstancias por encima de los principios" ha sido cuestionada por los socios del gobierno de coalición, cuyos miembros, entre los que se encuentra Yolanda Díaz, han manifestado su oposición por considerarla "incoherente".
A partir de ahora España se suma a la lista de países que consideran que la propuesta de Marruecos de mantener su influencia en el Sáhara Occidental es la correcta en un cambio de posición cuyo fundamento por ahora es toda una incógnita. Lo que sí que se han manifestado han sido los primeros efectos, como la vuelta a Madrid de la embajadora marroquí, que regresa diez meses después de abandonar nuestro país, el enfado de Argelia, que alega que España no informó de este cambio, lo que podría causarnos problemas en el suministro de gas.
El ministro de exteriores, José Manuel Albares mantiene que Argelia "es un socio y amigo fiable" con el que podremos mantener nuestras relaciones comerciales en el tiempo, aunque el temor a las posibles represalias que podría traer consigo este giro inesperado preocupan a la oposición y a los socios de gobierno, que han pedido explicaciones.
