El Gobierno ha dado a conocer este miércoles el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales. Con esta normativa, prevén establecer un catálogo de especies susceptibles de ser animal de compañía. Tampoco se podrán vender animales en tienda, salvo los peces, además de prohibir a nivel nacional varias prácticas como las peleas de gallos, el tiro al pichón, el uso de animales salvajes en los circos o la utilización de mascotas para la mendicidad. No se podrá dejar a las mascotas solas más de tres días consecutivos si son gatos o hurones, y no más de 24 horas si son perros. Uno de los requisitos que se impondrá es la obligatoriedad de realizar un curso formativo para acreditar que se está preparado para tener a estos animales.
El objetivo de esta ley es aunar criterios y la legislación entre las distintas comunidades autónomas, ya que cada una tiene la suya, y fomentar la tenencia responsable. El anteproyecto fue presentado esta semana, coincidiendo con el día internacional de los animales, por la ministra Ione Belarra.
A aquellos animales que hayan sido abandonados no se los podrá sacrificar. La ley también quiere incluir la obligación de esterilizar a machos o a hembras si conviven para evitar camadas accidentales y contempla proteger a las colonias de gatos callejeros. Las asociaciones para la defensa animal creen que esta ley es un buen punto de partida ante esa maraña legal que existe en toda España. Un batiburrillo que dificulta, por ejemplo, y a esto hacía también alusión la ministra Belarra, la lectura de los chips que deben llevar todos los animales domésticos porque en cada comunidad se impone un chip distinto, por lo tanto, si nos vamos a otra comunidad autónoma, no podrían localizar al animal al no estar registrado. Si se les abandona fuera de la comunidad en la que ha sido implantado el chip, es muy complicado detectarlo.
Aunque en muchos sitios ya se hace el curso de formación o se establece una entrevista, al menos para corroborar que el futuro dueño del animal está preparado y es consciente de la responsabilidad que va a asumir, las asociaciones son muy partidarias de este tipo de medidas.
La futura ley también quiere contemplar multas para los infractores, que podrían llegar hasta los 600.000 euros. Este borrador no está previsto que llegue al Congreso hasta el próximo enero. La normativa no entra en nada que tenga que ver ni con la tauromaquia ni con la ganadería.
