En nuestro país, hay cerca de 3 millones de trabajadores públicos y, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor del 30% de ellos está en situación de interinidad.
La semana pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que insta a España a que convierta en indefinidos a los empleados públicos que llevan años encadenando contratos temporales. La sentencia se refiere en concreto a tres trabajadoras que acumulan 37 años, 33 y 19 respectivamente, en la administración de Cataluña.
Los principales sectores afectados por la precariedad laboral que da la temporalidad son la sanidad, la educación, la justicia o la administración local.
Más de tres décadas de interinidad
El abogado de los trabajadores interinos del sector público, Javier Araúz, ha denunciado ante los micrófonos de 'Julia en la onda' que "es una situación que afecta a un millón de trabajadores, el 75% de ellos mujeres", haciendo hincapié en la discriminación de género que hay dentro de este este problema.
En el sector público hay un 40% de temporalidad laboral, de "precariedad", como lo ha calificado Araúz que indica que hay personas que llevan en esta situación 37 años.
Por su parte, Milagros Dorronzoro, secretaria de negociación del sindicato CSIF, ha respondido a las acusaciones de aquellos que valoran de "injusta" la sentencia y piensan que a los interinos se les va a regalar la plaza, tal y como han opinado algunos oyentes. "Lo primero es que hay que diferenciar entre lo que es la tasa de temporalidad estructural, de la temporalidad coyuntural que siempre va a existir. Esta sentencia del TJUE constata el abuso en la contratación temporal que han hecho las administraciones públicas", ha señalado.
La causa principal de la temporalidad: la tasa de reposición
Para Dorronzoro, el principal culpable de esta situación es la aplicación de la tasa de reposición de efectivos, un porcentaje que se aplica para sustituir a los empleados públicos que cesan y que durante muchos años no se llevó a cabo. "No entraba nadie por todas las personas que salían. Estas limitaciones han hecho que se pierdan un gran número de efectivos", ha indicado.
En CSIF entienden que la solución pasa por la eliminación de la tasa de reposición, por agilizar los procesos selectivos e imponer sanciones ejemplares para las administraciones incumplidoras.
Una de las personas afectadas por esta precariedad temporal es Cristina Esteban Santos, la cual desde hace 30 años es interina. Esteban trabaja como secretaria interventora de dos Ayuntamientos de la provincia de Toledo, "somos un cuerpo muy especial que dependemos del Estado, pero son los Ayuntamientos los que nos pagan".
"El Estado saca únicamente 680 plazas y tiene más de 3.000 solicitudes", ha denunciado.
"En general, se puede decir que los interinos están en las plazas que los funcionarios de carrera no eligen estar", ha afirmado Araúz. El abogado señala que no solo es una cuestión para el futuro, es un asunto sobre el que pensar qué hacer con el pasado, "con el personal que ha dado un servicio de calidad durante todos estos años".
