En las últimas décadas, el número de denuncias por abusos sexuales a menores en la Iglesia ha aumentado considerablemente en España. El Papa Francisco fue el primero en pedir perdón, y lo hizo en el año 2014 y de forma abierta y sin minimizar o relativizar el problema.
Asimismo, admitió que eran muchos los religiosos involucrados y ya en 2021 reconoció que, particularmente, sentía vergüenza por la gran incapacidad que había mostrado la Iglesia para gestionar la infinidad de casos que se han producido.
Fue después de la publicación de un informe que aseguraba que al menos 216.000 menores, la mayoría hombres, fueron víctimas de pederastia entre 1950 y 2020 a manos de curas y religiosos en Francia. Los obispos franceses reaccionaron después de décadas de silencio y encubrimiento de delitos que, a día de hoy, huyen de la prescripción.
Otros informes, publicados recientemente, sitúan casos de pederastia en la Iglesia en países como Alemania, Estados Unidos, España y también en Argentina.
En 'Julia en la Onda', hablamos con el abogado argentino Juan Pablo Gallego, un letrado que consiguió encarcelar a un cura muy poderoso y con una gran relevancia mediática en el país.
La lucha contra la pederastia en Argentina
Gallego relata que la investigación comenzó en 2002, cuando comenzaron una investigación entorno a Julio Graciera, "una de las cuatro personas más influyentes de Argentina". Aunque no tenía "mucha envergadura en lo que se refiere al puesto", el religioso tenía una relevancia muy importante en la estructura de poder del país, más allá, incluso, de la Iglesia.
Graciera contaba con una fundación mediante la cual acogía a niños de la calle para luego abusar de ellos. De todos ellos, Gallego pudo comprobar los delitos de abuso sexual agravado por su condición de sacerdote y corrupción de menores, también agravada por el mismo motivo, que se tradujo en una condena a 15 años de prisión efectiva, "a pesar de que consiguió que lo defendieran hasta 30 grandes despachos de abogados argentinos".
