Hace unas horas, el Consejo de Ministros anunció una nueva medida destinada a tratar de solucionar el problema de acceso a la vivienda que se sufre en la mayor parte de poblaciones de España: a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Estado avalará a los jóvenes o a las familias con menores a su cargo que quieran acceder a una hipoteca para adquirir su primera vivienda, y que cumplan una serie de requisitos económicos. A pesar de que todavía se tienen que conocer todos los detalles de esta propuesta gubernamental, los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz-Giménez han compartido algunas impresiones sobre esta medida en su sección en 'Julia en la Onda'
Bernardos defiende la viabilidad de la propuesta
Gonzalo Bernardos afirma que esta "es una muy buena iniciativa", pues sirve para resolver un problema de distribución que, piensa el economista, genera situaciones de injusticia entre la ciudadanía. Bernardos ha explicado que este aval del 30% del valor de una vivienda (20% del precio de la vivienda y un 10% de impuestos) genera una barrera de acceso muy amplia para aquellas personas que no cuentan con un soporte económico familiar que les permita conseguir una hipoteca. "Esta medida contribuye a eliminar esta injusticia", ha afirmado el economista.
Sin embargo, Bernardos considera que "el dinero que se va a poner es escaso", pues, con el presupuesto acordado, se espera que se puedan beneficiar entre 50.000 y 70.000 personas de las cerca de 2 millones que tienen problemas para comprar una vivienda. El economista defiende ampliar la partida, afirmando que "el aval del estado no le va a costar dinero a la administración". El economista afirma que el Estado, concediendo estos avales para incentivar la compra, va a ganar dinero recaudando los correspondientes impuestos, haciendo de esta medida una operación rentable.
Morosidad y subida de precios, dos riesgos a tener en cuenta
Díaz-Giménez, sin embargo, considera que se trata de una medida "regular", que tienen beneficios y perjuicios. El profesor de economía admite que la medida puede facilitar el acceso a la vivienda, si bien afirma que estas políticas solo solucionan problemas de demanda: "No es un problema de demanda, es un problema de oferta", ha explicado el economista, que afirma que, si se incentiva la demanda de vivienda con los avales, los precios de estos inmuebles aumentarán.
"El problema de la vivienda es un problema de oferta, y necesitamos más oferta, no necesitamos más demanda", ha aseverado el economista. También me preocupa qué va a suceder cuando sucedan impagos", afirma Díaz-Giménez, al referirse a la delicada posición del estado como avalista en estas operaciones.
Bernardos ha respondido a las apreciaciones de Díaz-Giménez, señalando un riesgo que asume el Estado si no perfila bien la norma: "Yo no quiero que un hijo de un rico del banco de Salamanca lo independice, diga que tiene menos de 15.000 euros y tenga acceso a este tipo de aval para comprar una vivienda en el barrio de Chamberí", ha declarado el economista, que ha hecho referencia al caso de Reino Unido, donde mucha gente se aprovechó de ayudas estatales similares para hacerse con inmuebles de gran valor con los que especular.
¿Un tope de precios?
El economista propone una solución: topar los precios de las viviendas que se puedan comprar con esta ayuda. En concreto, Bernardo opina que ningún beneficiario de la ayuda debería tener permitido comprar un inmueble de más de 150.000 euros, o de más de 250.000 si el inmueble se encuentra en una gran área metropolitana.
Aunque admite que la medida aumentará el precio de las viviendas con precios por debajo del tope, Bernardos no se muestra preocupado: "Lo que me satisface enormemente es que personas que no tienen acceso a la propiedad ahora lo van a tener". Bernardos tampoco se muestra preocupado por el tema de la morosidad, pues confía en que los altos niveles de empleo permitan a la gente mantenerse solvente.
"Solo le pido al Gobierno que no me haga un Díaz Ayuso", ha añadido Bernardos, que ha criticado que el programa de avales impulsado desde la Comunidad de Madrid solo haya llegado hasta 305 beneficiarios. "Mucha propaganda y pocos hechos", ha afirmado el profesor de Economía.
El dilema de la liberalización del suelo
Javier Díaz-Giménez no se muestra tan entusiasmado con la idea de los topes, pues mantiene que el precio de las viviendas por debajo del límite seguirá aumentando, y añade que "las condiciones del mercado de trabajo en un préstamo a 20 años pueden cambiar", haciendo hincapié en la morosidad.
La solución al problema de la vivienda que propone Díaz-Giménez pasa por resolver el asunto de la oferta, apostando bien por la construcción de vivienda pública, por las recalificaciones del suelo o por la venta del suelo público para construir más viviendas. El profesor se muestra tajante en su análisis sobre la falta de oferta en ciudades como Madrid: "Hay terreno rústico a una distancia ridícula del centro de la ciudad", explica el profesor, que opina que "el suelo alrededor de una ciudad, por defecto, debería ser urbano".
Díaz Giménez defiende la constitución de espacios protegidos donde no se pueda construir establecidos con una mayor cautela. Tanto Giménez como Bernardos abogan por un "urbanismo exprés" que permita poner terrenos a disposición con una mayor velocidad, si bien Bernardos parece inclinarse más por la puesta en disposición de más suelo público: "La administración pública, que posee mucho suelo, no hace nada para ponerlo en valor", opina el profesor de economía.
Un programa para incentivar el alquiler
Al referirse al problema del alquiler, Bernardos ha propuesto la creación de programas municipales que incentiven la puesta en alquiler de los pisos vacíos: los propietarios accederían a esos programas aceptando algunas condiciones - como el precio del alquiler- y recibirían compensaciones como desgravaciones fiscales.
El economista afirma que se podría garantizar la continuidad de este programa, asegurando que aquellos que mantengan su vivienda en alquiler durante un tiempo prolongado obtengan recompensas como subvenciones para reformar los inmuebles. "Me gusta porque resuelve el problema de la oferta", ha concordado Díaz-Giménez.
