La Justicia ha tumbado la resolución del Consejo de Transparencia que obligaba al Gobierno a publicar la lista de los bienes inmatricualdos de la Iglesia, es decir, esas cerca de 30.000 fincas y edificios que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar los derechos de propiedad.
Pedro Sánchez pidió en el Congreso de los Diputados en 2017 que se llevara a cabo un estudio para saber qué bienes eran estos y así "acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia". Además, solicitó "una reforma fiscal donde la iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles".
También, en su discurso de investidura indicó: "En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley. El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido matriculados indebidamente por la Iglesia".
Sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, también llevó en su programa electoral eliminar la exención del IBI para la Iglesia, medida que, además, forma parte del acuerdo de Gobierno.