Hay 18 personas acusadas en lo que se ha llamado caso Nóos de corrupción en las islas Baleares. Una de ellos, evidentemente, es especial: la infanta Cristina. Empecemos explicando qué es el caso Nóos, qué se va a juzgar ahí durante los próximos meses.
Vamos a situarnos en verano de 2008. El juez José Castro y su entonces amigo, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, están investigando con la policía lo que llaman operación Espada, más conocido como caso Palma Arena. El gobierno balear que había presidido Jaume Matas, ex ministro del PP, había levantado un velódromo y pabellón que se había inaugurado en 2007 y había costado el doble de lo presupuestado, unos cien millones de euros.
En sus pesquisas, los investigadores encuentran una carpeta casi vacía donde hay un expediente del gobierno balear en el que se justifica el pago de un millón de euros de dinero público a una entidad “sin ánimo de lucro” llamada Instituto Nóos, presidida por Iñaki Urdangarín, ex deportista profesional y desde octubre de 1997 marido de la Infanta Cristina. La infanta forma parte también de esa sociedad y allí también está su secretario personal, Carlos García Revenga.
Y de esa carpeta, de ese contrato van a tirar el fiscal y el juez para iniciar su investigación. El gobierno del señor Matas dio para tanto, para tanta corrupción nos referimos, que el caso del instituto Nóos es en realidad secundario, es la pieza separada 25 de esas investigaciones. El caso Palma Arena, por ejemplo, como el grueso de los casos de corrupción aun no se han juzgado. Matas ya ha cumplido una condena de nueve meses por tráfico de influencias, en un caso en también fue condenado a dos años y tres meses el periodista Antonio Alemany, columnista entusiasta del señor Matas en el diario El Mundo y que a la vez escribía sus discursos.
También cumple condena una condena de 16 años por corrupción el que fuera consejero del gobierno balear y presidente del PP de Ibiza, José Juan Cardona… En prisión por dos casos de corrupción (tiene 11 años y medio de condena) está María Antonia Munar, a quien llamaban la princesa. Era la líder de Unió Mallorquina, un peculiar partido que gobernó con el PP y el PSOE y que ha desaparecido tras los casos de corrupción…
Baleares es el lugar de España donde un fiscal y un juez han actuado con más decisión a la hora de destapar, de abrir en canal la corrupción en un gobierno, en este caso los del señor Matas. El juez Castro y el fiscal Horrach han arriesgado mucho en esta historia, han sido valientes y constantes. Creemos sinceramente que han hecho un trabajo, no solo contra políticos, también contra mafiosos rusos, por ejemplo, que les han traído amenazas, pintadas en sus casas, presiones… Han acabado, eso sí, enfrentados entre ellos solo por un caso, el de la infanta Cristina.
Vamos a ese caso, el del Instituto Nóos. El juez tiene en 2008 un contrato de un millón de euros a ese instituto que preside Urdangarin. A partir de ahí el juez empieza a investigar ese contrato. Por qué se dio ese dinero público, qué se hizo con él. Va a descubrir que el gobierno del señor Matas y también el del señor Camps, en Valencia, han concedido al instituto Nóos, que en griego significa inteligencia, sagacidad, contratos de casi seis millones de euros al instituto de Urdangarin y su socio, Diego Torres, que fuera profesor de ESADE, la escuela de negocios privada de Barcelona donde estudió el entonces duque de Palma.
Esos pagos millonarios fueron porque la sociedad de Urdangarín y el tal Torres organizaron congresos deportivos en Valencia y Baleares, básicamente. Se llamaron Valencia Summit –se celebró en 2004, 2005 y 2006– y en Palma de Mallorca, el Illes Baleares Forum, que tuvo lugar en 2005 y 2006. El juez y el fiscal descubren muy pronto que los contratos se concedieron a dedo y que los organizadores cobraron de más, bastante de más.
En noviembre de 2011 el juez ordena un registro en una sede del Instituto Nóos y se lleva facturas que supuestamente justifican aquellos gastos millonarios. Sospecha que los pagos están inflados, que Urdangarin y su socio se han quedado con mucho dinero público (más de dos millones y medio de euros, según el auto de procesamiento) y que los dirigentes políticos fueron cómplices de esos pagos. Un ejemplo: en las facturas que aportan para justificar gastos está una a nombre de Anne Germain como invitada a uno de esos congresos. La policía no fue capaz de encontrar a esa persona, no le dicen quién es y escribe en un informe que la única persona que coincide con ese nombre es aquella vidente de Tele 5, entonces famosa. Ella aseguró que no había participado, obviamente, en ningún congreso deportivo.
Y en ese entramado para llevarse dinero público, aparece otra empresa, una empresa supuestamente inmobiliaria llamada Aizoon, otro nombre griego, que significa algo así como siempre o para siempre. Aizoon es una empresa, de la que la infanta Cristina y su marido son dueños al 50 por ciento y que fue una tapadera para llevar allí parte del dinero conseguido con el instituto Nóos, según el juez. Los datos que la Agencia Tributaria envía al juez Castro revelan que Cristina de Borbón se llevó a sus cuentas personales al menos 150.000 euros procedentes de esa empresa sin actividad alguna, que recogía parte del dinero que sacaba el instituto Nóos.
Entre otras irregularidades, por ejemplo, el que fuera duque de Palma y su mujer desgravaron a Hacienda como si el palacete de Pedralbes donde vivían fuera su oficina y se la alquilaban a sí mismos. El juez descubrió que la hermana del Rey hizo sus declaraciones de la Renta a través de Aizoon y cree que la infanta colaboró en un dos delitos cometidos a través de su empresa: habría dejado de pagar 182.000 y 155.000 euros a Hacienda por los ejercicios de 2007 y 2008. Por eso está en el banquillo y por eso la acusación del sindicato Manos Limpias pide para ella ocho años de prisión.
Pero el fiscal Horrach y la abogacía del Estado no creen que la infanta Cristina sea culpable de esos dos delitos. El fiscal cree que la infanta era solo “un elemento decorativo” en la empresa y que no fue cooperadora en los delitos fiscales que sí habría cometido su marido, sino lo que se llama partícipe a título lucrativo. Es decir, la infanta se benefició del dinero que su marido y ella estaban defraudando a Hacienda, pero no era consciente de que ese dinero procedía de un origen delictivo o ilegal. Por decirlo pronto y esperemos que bien, la infanta Cristina sería, en el mejor de los casos, según las investigaciones, como Ana Mato, la ex ministra de Sanidad, en la trama corrupta Gürtel por la que está acusado su ex marido. Si aceptamos este argumento, la infanta, que ha pagado antes del juicio la posible multa por responsabilidad civil de casi 600.000 euros que le impuso el juez, quedará libre.
O sea, el fiscal y el juez que investigaron el caso creen que Iñaki Urdangarin cometió varios delitos, de hecho se está jugando 19 años y medio de prisión nada menos. Y que su mujer no conocía de dónde venía el dinero que entraba en esa sociedad del matrimonio.
Lo que ocurre es que las investigaciones permitieron descubrir que la infanta Cristina, por ejemplo, tenía una tarjeta Visa Oro con cargo a la empresa y con un limite mensual de gasto de 6.000 euros. La Agencia Tributaria descubrió que la infanta había pasado a sus cuentas personales 150.000 euros procedentes de la empresa Aizoon, empresa, insistimos, sin actividad conocida. Y también descubrió una serie de gastos dudosos que la infanta y su marido pasaban a su empresa. Por ejemplo, cargaron a su empresa un viaje familiar a Roma en 2008, incluyendo el pago de once habitaciones dobles en el albergue Santa Chiara en Roma. También, los billetes de avión de un viaje familiar a Río de Janeiro y también pasaron el vuelo en avión privado a una zona de esquí en el estado norteamericano de Colorado. De Aizoon cobró incluso el piloto suplente de la avioneta. Los duques de Palma pasaron como gastos de empresa también (y se ahorraron impuestos) un safari para seis personas en Sudáfrica.
Se pasaron como gastos de empresa una vajilla adquirida en La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora, también 123 botellas de un buen vino de Rioja, libros de Harry Potter, unas clases de baile estilo salsa… El asesor fiscal del matrimonio, Marcos Tejeiro, advierte por mail a la secretaria de Urdangarin de que están cargando como gastos de empresa para pagar menos impuestos todo tipo de cosas, incluida, por ejemplo, una compra que la infanta hace de ropa de bebé: “Esto no se puede meter… Te he hecho el cheque y lo has cobrado, por lo que esto lo meteré (esperemos que no tengamos ninguna inspección). Antes de meter los gastos, por favor, mira que no haya cosas raras y que las facturas vayan a nombre de Aizoon”.
La secretaria avisa en septiembre de 2009 al entonces duque de Palma de que la infanta está gastando alegremente con la tarjeta de la empresa: “Iñaki” –le escribe por mail– “como sabes la Infanta me ha encargado unas compras que no puedo justificar con los gastos de Aizoon. Si te parece le doy los tickets a Marcos para que me devuelva el dinero de la caja”, le consulta. Urdangarin no parece muy preocupado en su respuesta: “OK, se lo gasta en algún regalo para mí, ¿no?”.
Y hay varios testimonios en la investigación que son bastante contundentes. El matrimonio cargaba casi todo a su empresa para pagar menos impuestos. Hacienda detectó que los duques de Palma habían registrado como trabajadores falsos de la empresa Aizoon en la Seguridad Social a 15 personas. Entre ellos están tres sobrinos del propio Urdangarin y el matrimonio rumano que trabajaba como servicio doméstico en su palacete. La declaración de esta pareja deja en un lugar muy discutible a los ex duques de Palma. El matrimonio Nonosel declaró que la infanta Cristina había estado presente en la entrevista en la que les contrataron para servicio doméstico, dijeron que les habían ofrecido trabajar en negro y que luego les inscribieron como trabajadores de Aizoon. Otra empleada de servicio de la pareja, llamada Elsa Sánchez, también declaró que la pagaban con dinero negro. Al final la dieron de alta en la empresa, en Aizoon, como telefonista.
El fiscal entiende que doña Cristina no cometió delitos esos dos años de los que está acusado su marido, pero Interviú desvela hoy que el señor Horrach sí que vio delito en otra operación muy curiosa: un préstamo que el entonces Rey Juan Carlos hizo a su hija en 2004 para ayudarla a comprar el palacete de Pedralbes en Barcelona.
En 2013, cuando supo que la infanta había declarado a Hacienda que su padre le había prestado un millón doscientos mil euros, de hecho descubrió que el Rey le había hecho a su hija dos ingresos, de 600.000 euros cada uno, en junio y septiembre de 2004. El fiscal investigó ese acuerdo y escribió un informe, que publicamos hoy en interviú. El informe es bastante concluyente, solo contempla una posibilidad y dice: “la hipótesis es que el préstamo oculta una donación y que se ha simulado la devolución del mismo”.
¿Y para qué iban a simular el Rey Juan Carlos y su hija un préstamo entre ellos? Para que la infanta no pagara impuestos por recibir ese dinero. La ley española establece que si alguien recibe una donación en dinero de una persona viva, tiene que pagar un porcentaje importante en impuestos. Si es un préstamo, ese dinero, en este caso en torno a 400.000 euros, no se paga. El fiscal Horrach escribe, en ese informe que publica hoy Interviú, que “no he logrado determinar el tipo impositivo aplicable a esta donación, pero según me comentan los inspectores de la Agencia Tributaria de Cataluña, la cuota sería superior a 120.000 euros”
O sea, que la infanta Cristina sí cometió un delito fiscal en 2004. Eso dice el fiscal. Porque tampoco se cree que la infanta devolviera el préstamo a su padre (ella declaró a Hacienda que había devuelto 150.000 euros). De hecho, el fiscal asegura en su informe que no ha encontrado ni rastro de ese pago. Luego desarrolla las penas previstas por el Código Penal español para ese delito fiscal: un máximo de cinco años de prisión y una multa de hasta seis veces el dinero defraudado a Hacienda.
Pero la infanta Cristina también se ha librado de este delito. El fiscal aplica tajantemente la ley: el falso préstamo del Rey se descubrió en 2013 y se había producido en 2004. La ley española establece que ese tipo de delitos prescriben, caducan, ya no pueden perseguirse cuando pasan cinco años desde que se cometen, así que no hay caso.
El fiscal entiende que doña Cristina no cometió delitos, salvo este que desvela hoy interviú, aunque estaría prescrito. La acusación particular dice lo contrario y ahora la infanta depende de la llamada doctrina Botín. Esta consiste básicamente, si el fiscal y el abogado del Estado o la acusación particular no acusan a una persona, la acusación no puede continuar. Esta doctrina se aplicó por primera vez para librar de un juicio bastante complicado a Emilio Botín, que fue acusado en la Audiencia Nacional por una acusación popular, en lo que se llamó cesiones de crédito, unos productos financieros que pudieron haber generado un perjuicio de cientos de millones a Hacienda. El Tribunal Supremo archivó el caso y dictó jurisprudencia.
Lo más probable es que la infanta no llegará a ser juzgada en este caso, pero también el Tribunal Supremo matizó su propia jurisprudencia en 2014, cuando condenó al que fuera consejero de Interior del gobierno vasco, Juan María Atutxa, por desobediencia. Entonces se entendió que la doctrina Botín solo sirve si se daña a alguien concreto que no ha denunciado, pero no sirve si el perjuicio es general. La decisión será si la infanta pudo dañar solo a Hacienda y el Estado (que no acusan) o dañó al interés general de todos.
Hasta aquí la parte legal, los sumarios, pero imagino que en este proceso habrá habido también negociaciones paralelas, presiones, movimientos orquestales más o menos en la oscuridad…
Los servicios de información advirtieron a la Casa Real que el fiscal y el juez iban en serio contra Urdangarin antes de que fuera imputado y el Rey Juan Carlos trasladó el mensaje de que la ley era igual para todos… Políticamente, el caso ha sido decisivo en el deterioro de la imagen del Rey Juan Carlos y su abdicación final. Personalmente, ha producido una ruptura familiar y la retirada por parte del nuevo rey del titulo de duquesa de Palma para su hermana, apartada de la vida oficial.
A la infanta se le hicieron llegar datos muy comprometidos de la vida privada de su marido, el CNI incluso estuvo vigilando a una modelo rusa que vivía en Barcelona y se veía frecuentemente con Urdangarin por si fuera una agente del FSB, el antiguo KGB… Se la animó varias veces a que se divorciara y eso haría de cortafuegos, pero la hermana del Rey Felipe VI no ha querido. Aizoon significa en griego, para siempre, algo que no acaba.
