Hay una pregunta que mucha gente se está haciendo desde que se conocieron las detenciones, los registros… ¿Quién y cómo se decidió que precisamente en esta fecha se llevase a cabo una operación tan espectacular contra el PP de Valencia?
Hay teorías conspiranoicas para todos los gustos y que contentan o disgustan a casi todos, desde luego: que no se hizo antes de las elecciones para no hacer perder votos al Partido Popular, que se hizo ahora para evitar que el Partido Popular pudiese recabar los apoyos, por ejemplo, de Ciudadanos… Vamos a contar lo que sabemos a ciencia cierta: en los primeros días de diciembre se decide que la llamada fase de explotación de la operación Taula será en la primera semana de febrero. La fecha no está elegida al azar, sino que se piensa que en esos días habrán pasado más de 40 días desde las elecciones y la formación de Gobierno estaría ya avanzada.
Pero no ha sido así y la operación estalla cuando Rajoy, el candidato más votado, debe buscar apoyos… La pregunta capciosa: ¿no se podrían haber retrasado un poco más las detenciones? Contestaremos tal y como nos han contestado a nosotros cuando hemos hecho esa misma pregunta: eso sí habría sido utilizar a los jueces, fiscales y a la Guardia Civil con un objetivo político. Todo estaba preparado para esa primera semana de febrero. Ten en cuenta que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil movilizó a casi 200 agentes llegados desde distintos puntos de España. La mayoría de ellos ni siquiera sabían lo que tenían que hacer hasta primera hora de la mañana del 2 de febrero, cuando les dieron sus objetivos: detenidos, registros… Pero, además, la fecha también había sido concertada con el fiscal anticorrupción Pablo Ponce y el titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez. Todos estaban de acuerdo en que esa primera semana de febrero había que hacer estallar una operación que había nacido casi dos años antes.
El origen de la operación Taula está en diez horas de grabaciones de audio que guardaba el suegro de Marcos Benavent, el gerente de Imelsa (Impulso Económico y Local), una empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia. El suegro de Benavent, enfadado por como se portaba su yerno con su hija, entregó esas grabaciones a Esquerra Unida y la formación política presentó una denuncia ante la Fiscalía, que incoó diligencias de investigación el 1 de agosto de 2014.
Es decir, que el caso, como en la Gürtel, se descubre porque alguien que estaba en la trama, decide ponerse a grabar lo que estaba pasando a su alrededor y de lo que él mismo formaba parte. Marcos Benavent, reconvertido ahora en maestro yogui o algo parecido, confesó textualmente que el era un yonqui del dinero. Benavent fue, y esto es importante, concejal del equipo de Alfonso Rus en el Ayuntamiento de Játiva. Se casó con la reina de las fiestas de su pueblo, en 2003 fue colocado en la Fundación Jaume II el Just –dependiente de la Generalitat y que también está bajo el foco de la sospecha en esta operación– y entre 2007 y 2014 fue gerente de Imelsa, otra vez de la mano de Alfonso Rus, ya entonces presidente de la Diputación de Valencia.
Benavent participó en todos los amaños, delitos e irregularidades. Pero también, por razones que no están nada claras, decidió acumular pruebas contra otros en esas grabaciones en las que se oye cómo se adjudican contratos de manera fraudulenta, cómo se reparten comisiones, cómo se exigen mordidas a los empresarios y hasta cómo Alfonso Rus cuenta billetes, seguramente en el interior de un vehículo:
Recuerdo que Rus decía que ese no era él, pero no parece que le hayan creído, porque la investigación le sitúa en lo más alto de esta trama de corrupción y, además, fue detenido. Imagino que la Guardia Civil tiene muchas más pruebas que esa grabación… En marzo del año pasado, la Fiscalía presentó una denuncia en el juzgado tras analizar las grabaciones y unos cuantos meses de trabajo de la UCO de la Guardia Civil. Lo que hicieron los agentes fue analizar minuciosamente esas grabaciones e ir casándolas con contratos, adjudicaciones… Y lo cierto es que todo cuadraba. Cuando alguien hablaba de determinado contrato por un importe, los investigadores descubrían que ese contrato existía y que se había pagado la cantidad que se decía en las grabaciones. Tras la apertura de las diligencias en el juzgado, que llevan secretas desde marzo del año pasado, la Guardia Civil fue dibujando la estructura de una organización criminal.
Así lo hacen constar en todos sus informes. Es un grupo de personas puestas de acuerdo con un fin común de cometer delitos y con una estructura jerárquica, a frente de la cual está Alfonso Rus. En esa organización habría reparto de funciones: conseguidores de contratos, como Alfonso Rus y Máximo Caturla, y cobradores y recaudadores, como el arrepentido Marcos Benavent.
Y en esta fase de la investigación, cuando ya el juzgado ha abierto diligencias y la Guardia Civil está investigando, Benavent vuelve a cobrar protagonismo. Los agentes de la UCO lograron localizarle en un paraje perdido, desconectado del mundo, y en junio le tomaron declaración. Declaró durante más de 30 horas y aportó discos duros y material informático de mucho valor. Los actuales responsables de Imelsa, la empresa que la Diputación utilizaba para adjudicar los contratos de manera irregular, también colaboraron con la investigación y facilitaron a los agentes mucha documentación que sirvió para ir completando el puzzle de las grabaciones, el material informático de Benavent y los contratos y las adjudicaciones.
El funcionamiento era relativamente sencillo: los políticos conceden contratos a empresas afines, saltándose cualquier norma de competencia y contratación, a cambio de una comisión que rondaría, según las pesquisas, entre el dos y el tres por ciento. La Guardia Civil está investigando adjudicaciones entre los años 2004 y 2014 en distintas administraciones: la Diputación de Valencia –a través de Imelsa–, la Generalitat –a través de Ciegsa, la empresa pública dedicada a construir colegios–, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Jaume II El Just.
Y a todas esas administraciones pertenecen los 24 detenidos el día que estalló la operación Taula. Aunque también hay empresarios, arquitectos y algunos trabajadores municipales. Ninguno de ellos acabó en prisión, pese a que el fiscal solicitó el encarcelamiento de cinco de ellos, los que él considera los máximos responsables de esta trama criminal: el ex alcalde de Játiva, ex presidente del PP de Valencia y presidente de la Diputación, Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación, Juan José Medina; el ex alcalde de Genové, Emilio Llopis, y la secretaria del grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster.
Esa Mari Carmen ha sido la sombra de Rita Barberá durante muchos años. Y parte de la trama está en el Ayuntamiento de Valencia, donde Rita mandó durante 24 años… Una de las detenidas es María José Alcón, ex concejal de Cultura y esposa de Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia y que mañana estará en el banquillo del caso Noos. Su ex marido, Vicente Burgos, fue gerente de la Fundación Jaume II el Just. En esta grabación se la puede oír a ella y a Benavent hablar de un contrato adjudicado y de una comisión, que en este caso no puede ir más allá del dos por ciento.
Y aquí se dice algo importante: que parte del dinero de esa comisión, concretamente 5.000 euros, fueron a parar a las arcas del Partido Popular. Hay prueba de que el Partido Popular de Valencia tenía una caja B. Lo que los investigadores creen es que esa caja B se nutría de los fondos procedentes de esas comisiones, aunque ese viaje aún no está acreditado de manera definitiva. Lo que sí está acreditado es que el dinero de esa caja B se blanqueaba por un método tan antiguo como burdo: el del pitufeo, del que ya hemos hablado aquí.
Según la investigación de la operación Taula, la secretaria del Grupo municipal sacaba de la caja B del grupo popular del ayuntamiento de Valencia 1.000 euros. Se los entregaba a un concejal, empleado o asesor y éste los entregaba de vuelta al partido como una donación. Así, de esta forma tan sencilla, el dinero de la caja B pasaba a la caja A en forma de aportación voluntaria, algo que permite la ley.
Al menos 50.000 euros fueron blanqueados así antes de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales que pusieron fin a los gobiernos municipales populares en Valencia. Las cincuenta personas que presuntamente participaron en esa operativa están siendo interrogadas y acusadas de blanqueo de capitales. De hecho, a mediados de la semana pasada, quedaban en calidad de investigados –antiguos imputados– todos los miembros del equipo municipal del PP de Valencia, excepto Eusebio Monzó, que iba en las listas como independiente, y la ex alcaldesa Rita Barberá.
Pero Rita Barberá no puede ser imputada. España, al fin y al cabo, es el país de los aforados y a ella le buscaron un buen retiro en el Senado y un buen aforamiento. El juez de instrucción Víctor Gómez no puede imputar a Rita Barberá. Si considera que hay indicios de delito contra ella, tendrá que hacer una exposición razonada de motivos y será el TSJ de Valencia, en su caso, quien procese a la ex alcaldesa. Pero, un aviso: la doctrina ha cambiado. Antes, cuando había el menor indicio de criminalidad contra un aforado se pedía el suplicatorio. En sus últimas resoluciones, el Supremo ha recomendado a los jueces que sigan con su instrucción, con sus diligencias de investigación, hasta que no haya más remedio que, por ejemplo, citar como imputado al aforado.
Es decir, que en estos momentos, el juez, el fiscal y la Guardia Civil pueden estar recopilando material probatorio contra Rita Barberá, aunque no hayan solicitado ese suplicatorio. Nada se lo impide. Están tomando declaraciones, revisando contratos, pidiendo documentación… La ex alcaldesa está siendo señalada desde varios puntos y todo el entorno de Rita ha quedado investigado por delitos tan graves como prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Es más que probable que en las próximas semanas intervenga el TSJ, aunque antes el juez acabará la parte más importante de la instrucción, que afecta a otras muchas entidades y administraciones.
Esta trama organizada para delinquir, tal y como dice la Guardia Civil, alcanzaba a la construcción de colegios, campos de fútbol… Alcanzaba a todo lo que sus miembros podían alcanzar. Desde la Diputación se gestionan obras para distintos ayuntamientos y por eso, bajo el foco de las pesquisas están los de Moncada, Genovés, Játiva… Todos ellos leales a Rus. Pero la Guardia Civil investiga desde contratos de gestión informática de recaudación tributaria de la Diputación hasta el césped artificial del campo de fútbol de Játiva, las luces led de la misma localidad o la sede central del PP de Valencia.
Habrá más sustos, desde luego, aunque no sabemos si el presidente en funciones está ya curado en salud. Le damos una pista a Rajoy y a los oyentes: una de las cosas en los que se está centrado ahora la investigación de la Guardia Civil es en averiguar si ha habido enriquecimiento personal entre los protagonistas de la trama, especialmente los cargos públicos. Y las primeras pesquisas apuntan a que lo ha habido y bien grande. Veremos hasta qué punto la Taula llega hasta el corazón del Partido Popular.
¿Por qué operación Taula? La Taula fue un primitivo sistema de cambio de divisas que se inició en el siglo XV en el Reino de Aragón, una especie de bancos primitivos que surgieron en Barcelona, Valencia y Girona ante la necesidad que provocaron el aumento de comercio y los viajes de larga distancia. Hay otra explicación, mucho menos ilustrada, que haría referencia al negocio de muebles que tiene Alfonso Rus en Játiva: una tienda en la que comenzó vendiendo tablones de madera. Nosotros nos quedamos con la explicación del siglo XV…
