En el Territorio Negro de hoy vamos a conocer cómo funcionan las que ya se han convertido en multinacionales del secuestro, que tienen en Colombia uno de sus principales teatros de operaciones. Y vamos a aprender también el flaco favor que de vez en cuando hacemos los periodistas a la resolución de uno de estos casos de secuestro.
Empecemos por conocer a las víctimas del secuestro en Colombia. Ángel Sánchez y Conchi Marlaska son una pareja de Avilés (Asturias), muy amantes del turismo de aventura. Eligieron Colombia para pasar sus vacaciones y llegaron a Bogotá el 1 de mayo. Allí, en el mismo aeropuerto, alquilaron un coche para moverse a su aire por todo el país, sin tener en cuenta que algunos rincones son bastante peligrosos. Visitaron el departamento de Boyacá, Medellín y el 10 de mayo llegaron a Santa Marta, una de las ciudades más importantes del Caribe colombiano. Allí, el 14 de mayo se perdió su pista.
Ángel y Conchi fueron a la playa del Cabo de la Vela, dicen que uno de los rincones más paradisíacos de Colombia, en la península de la Guajira, un lugar bellísimo pero por el que campan a sus anchas algunas organizaciones delictivas indígenas, concretamente de indios wayús, la etnia mayoritaria de la Guajira, una península colombiana que hace frontera con Venezuela.
Los wayús gozan de un estatus especial, ya que no son ni colombianos ni venezolanos: para ellos no existen las fronteras. Este fuero especial posibilita que, por ejemplo, hayan hecho mucho negocio con el contrabando de combustible entre los dos países. Compran hidrocarburos a bajísimo precio en Venezuela y lo revenden en Colombia. Lo cierto es que los wayús han comenzado a explotar otras vías diferentes de negocio y entra ellas están los atracos y los secuestros, especialidades que hasta hace poco eran exclusivas de las bancrim (como dicen allí, es decir, de la delincuencia organizada) o de los rastrojos, es decir, los paramilitares y las FARC.
Tenemos a Ángel y a Conchi en un lugar paradisíaco, ese cabo de la Vela, y a los wayú. No planificaron el secuestro, de hecho tuvo mucho de improvisación, algo que no gusta nada a los investigadores, que prefieren tratar siempre con profesionales. Al parecer, los autores del secuestro pensaban atracar a los españoles, sin más, quitarles el coche, el dinero y los efectos de valor que llevasen encima. Pero algo vieron –posiblemente, las cámaras y los teléfonos móviles que llevaban– que les hizo pensar que de esos rehenes podían obtener una buena tajada. Y así cambiaron sus planes y realizaron el secuestro.
Las familias se enteraron pronto de que Ángel y Conchi estaban secuestrados…De hecho, presentaron la denuncia antes de recibir la primera llamada de los secuestradores. La policía colombiana encontró el coche que alquiló la pareja española en una ranchería, una especie de poblado wayú, y poco después, la familia de Conchi Marlaska recibió en Avilés la primera llamada de los secuestradores.
Y aquí, se activan esos protocolos de los que hemos hablado algunas veces en Territorio Negro. Entran en acción los negociadores de la policía. Lo que hizo la policía española fue enviar a Asturias a miembros del Equipo Nacional de Negociadores, policías de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central, especializados en este tipo de tratos. Pero no crean que es como hemos visto en alguna película. Ellos no se ponen al teléfono, sino que asesoran a las familias sobre lo que tiene que decir a los captores y cómo tiene que decirlo.
Al ser Colombia el escenario del secuestro, la policía española desplazó allí un equipo de la Sección de Secuestros y Extorsiones. De hecho, vamos a contar una frivolidad, uno de los policías desplazados acababa de finalizar su luna de miel y tuvo que interrumpir sus vacaciones. Las relaciones entre las policías española y colombiana son muy buenas y siempre que se produce un secuestro de españoles en aquel país, hay una estrecha colaboración, aunque, eso sí, los secuestradores no deben enterarse de que la policía española anda por medio.
Las negociaciones se inician pocas horas después de presentarse la denuncia, la familia de Conchi Marlaska recibe la primera llamada. Y de esa primera comunicación la policía ya empieza a sacar conclusiones: las llamadas se hacen desde teléfonos venezolanos y los captores no parecen demasiado profesionales. Se descuelgan con una primera petición de rescate de 500.000 dólares, una cifra que estaba totalmente fuera del alcance de las familias de Ángel y Conchi.
Mientras tanto, los negociadores van haciendo lo posible para ganar tiempo, mientras en Colombia se trabaja sobre el terreno. Lo primero que hacen los negociadores es solicitar a los secuestradores pruebas de vida de Ángel y Conchi. En este caso, lo que hicieron fue hacer varias preguntas muy personales sobre la pareja, cosas que solo podían contestar ellos: ¿dónde habían comenzado a esquiar?, ¿cuáles eran sus deportes favoritos?... Los secuestradores las contestaban en llamadas posteriores y así la policía y las familias sabían que los españoles seguían vivos. Las negociaciones iban bien hasta que surgió un imprevisto que, casi con seguridad, hizo que el secuestro se prolongase.
El secuestro era un secreto. No había trascendido ni en España ni en Colombia, hasta que el día 21 de mayo, una noticia fechada en Bogotá daba cuenta del hecho y, además, contaba algo que era verdad, pero que los investigadores no querían que trascendiese bajo ningún concepto: Conchi Marlaska era familiar directa, prima carnal, del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska…
El hecho de que la rehén fuese familiar de un juez en España y, también, que lo supieran los secuestradores, tenía varios problemas. El primero, que encarecía el rescate. Es muy difícil convencer a unos delincuentes colombianos de que un juez en España es solo eso, un funcionario público, no un millonario. De hecho, de los 500.000 dólares iniciales de rescate, los secuestradores subieron entonces a 800.000.
Pero el segundo problema, aún más grave, es que los secuestradores se podían sentir más inseguros, pensar que la policía española iba a estar presionada y, por tanto, iba a poner un mayor esfuerzo en la resolución del secuestro. De hecho, como castigo por la filtración a la prensa, los secuestradores dejaron de llamar a las familias durante cuatro días, cuando hasta entonces lo hacían a diario, con la consiguiente angustia para los familiares de los rehenes.
Lo ortodoxo y lo correcto sería que dijésemos que no, que no ha habido ninguna presión, que se ha dejado trabajar a la policía con tranquilidad, pero no seríamos del todo fieles a la verdad. Claro que hubo llamadas y presiones al más alto nivel, lo que pasa es que los policías que trabajan sobre el terreno, los de la unidad de secuestros, trabajaron igual, aunque con la dificultad añadida de que los malos sabían que tenían lo que se llama un rehén vip.
No lo sabemos con exactitud quién filtró el secuestro, ni siquiera lo sabe la policía. La noticia salió de Colombia y allí hay un embajador actualmente bastante mediático, del que hemos hablado aquí alguna vez, precisamente por su papel en la resolución de algunos secuestros en África: Nicolás Martín Cinto.
Ese es el embajador que había participado en las negociaciones con los dirigentes de ETA en Argelia y que fue clave en los secuestros de los piratas somalíes y la tripulación del playa de Bakio y el Alakrana. Nosotros no decimos que sea el autor de la filtración, pero sí es cierto que Colombia no es África y que en un secuestro en un país sudamericano la policía española tiene un margen de maniobra mucho mayor, puede participar en la investigación, yendo de la mano del Gaula, la división anti-secuestros de la policía nacional colombiana, aunque siempre con la premisa de ser invisibles, de que nadie se entere de que la policía española está allí.
Tenemos, por un lado, a los negociadores asesorando a los familiares de los secuestrados que están en España y por otro lado, a policías españoles en Colombia, imagino, que buscando a los autores del secuestro. A los policías españoles y al Gaula colombiano. Los investigadores se esforzaron en identificar al grupo que podía haber perpetrado el secuestro. Supieron pronto, gracias a las conexiones telefónicas, que se estaban moviendo entre Colombia y Venezuela, y los agentes colombianos anunciaron públicamente, tras una reunión con el embajador español, una recompensa para cualquiera que diese una pista sobre el paradero de los rehenes españoles, algo que nunca suele fallar: primero fueron 70 millones de pesos y unos días después subió a cien.
La recompensa y la propia red de colaboradores de la policía en la Guajira, entre los propios indios wayús. Los investigadores averiguaron que una banda llamada Los Pingüinos estaba detrás del secuestro y que en ella había algún componente que no era indígena. Además, desde la Habana llegaron noticias que descartaron de manera definitiva que la guerrilla de las FARC estuviesen detrás del secuestro, tal y como se especuló en algún momento.
Es muy frecuente que los delincuentes colombianos que llevan a cabo un secuestro digan inmediatamente que pertenecen a las FARC para ganarse así un mayor respeto de la policía y de los propios rehenes. Y a veces, y en este caso parece que fue así, los delincuentes colombianos tratan de vender sus rehenes a las FARC, que tiene más experiencia, medios y solvencia para llevar a buen puerto un secuestro. Pero recordemos que las FARC están embarcadas en unas negociaciones de paz y rápidamente dijeron desde La Habana, donde tienen una representación, que ellos no tenían nada que ver con el secuestro de los españoles y que en ningún caso iban a comprar esos rehenes.
Mientras Conchi y Ángel pasaban hasta por seis rancherías distintas, muchas veces atados, con una dieta limitada a arepas con queso, a miles de kilómetros de allí se estaba negociando el pago del rescate. Las familias y los negociadores fueron, al cabo de cuatro semanas, acercando posiciones en torno al montante: parece que con 100.000 euros pagados en dos plazos el secuestro podía terminar.
Los secuestradores dieron instrucciones muy concretas a las familias de Conchi y Ángel. Les dijeron que debían entregar a un individuo una bolsa con 53.500 euros en un restaurante del centro comercial Palacio de Hielo de Madrid. Como te puedes imaginar, ese pago del rescate fue controlado en todo momento por la policía española, que se sorprendió por todas las precauciones que adoptaron los que fueron a recoger el dinero. Estos sí parecían profesionales de verdad.
Los cobradores llegaron en dos vehículos, por separado. Uno de ellos dio varias vueltas por el centro comercial antes de ir al punto establecido para recoger el dinero. Miraba para todas partes para detectar a la policía. El otro individuo aparcó en las inmediaciones del Palacio de hielo y se dedicó a hacer contravigilancias, es decir, controlar si seguían a su compañero, si había policía por la zona. Eso ocurrió el pasado viernes, 14 de junio, la policía dejó que cobraran el dinero, pero claro, desde ese momento y hasta la mañana siguiente, los agentes españoles no se separaron de ellos y vigilaron sus casas hasta que entraron, los detuvieron y recuperaron el dinero del rescate.
La conexión de los dos tipos que recogen el dinero en el palacio de hielo de Madrid con los indios wayú, es lo que la policía aún está averiguando y la sospecha es que Juan José Benito, un empresario de transportes, y el sirio Louay Almoalem, formen parte de las redes internacionales de cobros de secuestros que hay ya por todo el mundo. Se trata de grupos que, a cambio de encargarse del cobro del rescate, se llevan una comisión por asegurar ese cobro y enviar el dinero a los autores del secuestro. Al parecer, en Maicao, una de las ciudades de la Guajira, hay una colonia libanesa y siria, una de las mayores colonias islámicas de América, que incluso tiene la tercera mezquita más grande del continente. Esa colonia tiene conexiones en España y así se habría gestado el cobro. De hecho, la policía encontró en poder del sirio detenido en Madrid 30.000 euros en billetes de 500 y 1.000, que podrían corresponder a otros pagos.
La detención de los dos tipos que cobraron el rescate en Madrid solo se produjo cuando los rehenes españoles estuvieron a salvo. La recompensa y las investigaciones del Gaula permitieron llegar hasta el lugar donde estaban los rehenes, que habían sido prácticamente abandonados cuando hasta la Guajira llegó la noticia del pago del rescate. De hecho, en la operación de rescate de los rehenes no ha habido ni un solo detenido. Y el mayor riesgo al que se enfrentaron entonces los dos españoles es que, una vez liberados, fuesen secuestrados otra vez por otro grupo distinto, porque es una zona muy peligrosa.
A nosotros nos aseguran que próximamente habrá detenciones en Colombia, aunque los ritmos y las leyes allí son algo distintos a los de aquí. La detenciones, por ejemplo, solo se pueden hacer por orden de la fiscalía o cuando la policía se encuentra un delito flagrante.
Esperemos que así sea, que haya detenciones pronto y aprovechamos el espacio para animar a ese policía de la sección de secuestros que tuvo que interrumpir su luna de miel. Y mandar también un beso a la novia. Seguro que encontrarán tiempo para terminar esa luna de miel.
