La semana pasada, días antes de que Rajoy decidiera no contar con él, propusimos hablar de Ignacio Gonzálezy explicar su asunto del ático y lo que él ha llamado cacería. Pero si ha habido, tal como publica hoy Luis en interviú, partió todo de un compañero suyo de partido.
Vamos a situarnos en el caso Gürtel. El juez Garzón y la famosa UDEF de la policía van atando cabos. Han descubierto un pelotazo importante en la trama, la recalificación de unos terrenos en Arganda del Rey (al este de Madrid). Se trata de la ejecución 124 que el ayuntamiento del PP concedió en 2004 a la inmobiliaria Martinsa, de Fernando Martín.Son casi 100.000 metros cuadrados, se van a poder levantar allí más de 2.600 viviendas. Y la constructora ha pagado muy poco, apenas 77 millones de euros. Tan poco que dos años después, vende una tercera parte de los terrenos por casi esa cantidad. Si hacemos cuentas, Martinsa ganó unos 150 millones de euros con esa recalificación.
También se puede decir que los vecinos de Arganda perdieron esos 150 millones que el ayuntamiento hubiera ingresado si hubiera cobrado el precio real a la constructora. Y aquí hubo mucho tomate, claro. La policía encuentra documentación en poder del contable de la trama y tiene también grabado a Francisco Correa, diciendo “Martinsa se portó conmigo. Le quedaba un pago de lo de Arganda”. La policía y Garzón comprueban que sociedades panameñas controladas por Fernando Martín y otros pagaron casi 13 millones de euros de comisión a Correa por conseguir ese enorme chollo.
También hubo que pagar algo, casi calderilla, unos 300.000 euros, al entonces alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, y otro tanto al que era director de la empresa de vivienda y suelo, Benjamín Martín Vasco. Este último, según las grabaciones de Correa, tuvo que cobrar lo suyo porque amenazaba con contar todo lo que sabía.
Estos dos políticos del PP son acusados y declaran ante el juez Pedreira. Al señor Martín Vasco, portavoz adjunto del PP en la Comunidad de Madrid, que se niega a declarar, le ponen una fianza de casi un millón de euros y queda en libertad. Eso es. Y poco después, dos abogados que dicen hablar en nombre de Martín Vasco hacen llegar a la policía un mensaje muy interesante: su cliente ha cobrado, sí, pero alguien mucho más gordo se ha llevado dos millones de euros por el pelotazo de Arganda. Aseguran que quien cobró más fue el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y que le pagaron parte en dinero en metálico y otra parte comprándole en el año 2008 una vivienda de lujo en la Costa del Sol, en Marbella.
Era algo así como un sondeo para colaborar con la justicia a cambio de hablar…Ya entramos aquí en la investigación policial y judicial pura y dura, la real, la que entra en el fango. Se ofreció incluso convertir al diputado Martín Vasco en testigo protegido. Pero esa oferta no prosperó y esa declaración nunca se hizo delante del juez. La situación de Martín Vasco era complicada: había cobrado más de 437.000 euros en sobornos, la trama de Correa le había pagado incluso su boda –moqueta e iluminación incluida–, y su luna de miel a Estados Unidos y Polinesia. También hizo otros viajes a Niza, Berlín, un crucero a Rusia, se llevó un par de relojes de lujo –uno para él y otro para su esposa–, un televisor Loewe de plasma…
Aun así, los agentes se quedaron con esa copla y decidieron comprobarla. No resultó difícil comprobar que Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, disfrutaban, en efecto, de un lujoso ático en Estepona, en la urbanización Alhambra del Golf. El primer dato coincidía con lo que habían dicho los informantes: el político y su esposa estaban allí desde 2008.
Pero podía ser un ático legal, nada que ver con sobornos ni corrupciones. Por eso, algunos agentes de policía de Marbella, enviados por su comisario a petición de un alto cargo de la policía de Madrid, fueron en persona a ver el ático y cómo olía todo aquello. Casi de manual es hablar primero con el portero. Se llamaba David y les dijo de forma espontánea: “el ático está a nombre de una sociedad extranjera, pero es del político. Él dice que está de alquiler, pero es suyo. Lo sabe toda la urbanización”.
Los policías comprobaron que esos datos podían ser verdad y contactaron también con la agente inmobiliaria que vendió el ático donde el político decía estar de alquiler. Se llama Marisa y fue la que vendió el chalé de Marbella a la familia Aznar, y estaba algo enfadada porque al final no le habían pagado su porcentaje por la venta. Marisa contó que fue la mujer de Ignacio González la que le había pedido que le buscara un chalé en la zona, en torno a un millón de euros. Dos administradores de la urbanización, Pedro e Isabel, también hablaron con la policía. Por cierto, los dos perdieron sus trabajos poco después.
Y también supieron que la propia presidenta de la comunidad de vecinos decía que el piso era propiedad de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, aunque estaba “como señuelo” a nombre de una sociedad. Los agentes investigaron al resto de inquilinos: la hija de Francisco Franco, Carmen Franco Polo, vive en el 4º izquierda, justo debajo del ático del señor González, y recibieron información de otras personas que hablaban de que la mujer de Ignacio González fue la que visitó el piso antes de que se comprara y también la que lo amuebló (gastando más de 150.000 euros). También, que el coche de una de sus hijas estaba siempre en una de sus tres plazas de garaje.
O sea, ese ático se vendió efectivamente en el año 2008, pero el comprador no fue Ignacio González, sino una sociedad misteriosa. Lo compró un ciudadano estadounidense llamado Rudy Valner, residente en Beverly Hills, y que no lo vio nunca. Valner, que según su currículum, ofrecía crear “escudos fiscales” para ocultar patrimonios, hizo una llamada de teléfono desde su país y pagó un total de 750.000 euros por el apartamento (todo indica que en eso se escrituró, pero que se pagó más de un millón de euros). El ático, de casi 500 metros cuadrados, de los que más de 200 son de terraza y solarium, pasa a estar a nombre de una sociedad (un escudo fiscal, como dice Rudy Valner) llamada Coast Investors, con sede en el estado norteamericano de Delawere, un paraíso fiscal en el corazón de Estados Unidos.
Y entonces el señor González lo que dice es que el paga un alquiler por ese ático a esa sociedad extranjera. En Delawere, que por cierto es el estado del vicepresidente Joe Biden, nadie pide cuentas por las sociedades, ni hay que pagar gastos ni impuestos, ni se busca a los beneficiarios. Es un paraíso fiscal en toda regla. El caso es que el señor González oficialmente paga dos mil euros mensuales de alquiler a esa sociedad offshore, algo ya éticamente dudoso.
Pero es que además esa cantidad es una ganga y no cuadra. Solo de gastos de comunidad, los vecinos del señor González pagan unos 600 euros al mes. Los policías descubren pronto que el señor Rudy Valner, el supuesto dueño del ático que no visita nunca, había comprado la casa a través de una sociedad de Panamá cuyo dueño es un despacho de abogados, Suárez de la Dehesa, de Madrid. El director de ese despacho es secretario general de Egeda España. El propio Valner había sido tesorero de Egeda US. Y el presidente de esas empresas es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y buen amigo de Ignacio González.
Ignacio González encuentra un chollo en Marbella, paga un alquiler mínimo por un pedazo de ático. El dueño oficial es un americano amigo de Enrique Cerezo y la empresa está en un paraíso fiscal.
Con todos esos datos, llega el momento del famoso encuentro de los dos comisarios de policía con Ignacio González. Vamos a situarnos. En noviembre de 2011, el Partido Popular arrasa en las elecciones generales. El día 29, cuando aun no se ha hecho efectivo el traspaso de poderes, se citan en la cafetería La Mallorquina, en la Puerta del Sol, Ignacio González y dos comisarios de policía: uno es el comisario Villarejo, un profesional encubierto, esencial en temas como el descubrimiento de la fortuna oculta en Andorra de la familia Pujol; otro es el comisario García Castaño, veterano policía que dirige una unidad esencial en la lucha contra el terrorismo y otros delitos.
Esta es la reunión donde Ignacio González dice que los policías le chantajearon. ¿Cómo ocurre todo? ¿Y es normal que unos policías tan curtidos avisen a un sospechoso? Empezampos por la segunda. No es normal, aunque recordemos que Bárcenas consiguió ver a policías que lo investigaban en un restaurante. La cosa, eso sí, terminó mal con el tesorero mencionando en vano imaginamos el nombre de Javier Arenas y reclamando un pacto. Los policías dicen que ese tipo de encuentros sirven también para ver “cómo respira” un sospechoso cuando se trata de una persona influyente, y también qué apoyos dice tener.
En cuanto a la reunión, fue el 29 de noviembre de 2011 y duró unos veinte minutos. Ignacio González dice que se sintió chantajeado, pero creemos que realmente no fue así, ni mucho menos. Es más, hay un soporte, es la palabra que nos han dicho, de la conversación que lo demuestra. Nosotros no lo hemos oído. Los comisarios le dicen a González que están mirando lo del ático porque uno de los investigados en la trama Gürtel lo ha contado, que hay cosas extrañas, como alquilarlo a una sociedad de un paraíso fiscal.
El político dice que sabe quien le ha delatado, que ha sido Benjamín Martín Vasco, que lo hace porque tienen rencillas políticas muy serias, cosas del partido, y que todo es mentira. Que vive de alquiler en el ático y que no hay nada extraño. Los policías, especialmente el comisario Villarejo, que es el que está al detalle de la investigación le dicen que es fácil arreglar el asunto y que no trascienda, basta con que les enseñe un recibo de luz o de pago de alquiler, y que explique a quién se lo paga para zanjar las sospechas y olvidar el caso.
Eso no parece un chantaje; es pedirle que colabore y zanje las sospechas sobre él. El caso es que el señor González no aportó allí ningún dato y se remitió siempre a sus abogados. Esa actitud (en la denuncia que ha puesto contra él el comisario Villarejo, habla de que el político sudaba abundantemente a pesar de ser el mes de noviembre) provocó que la reunión cambiara de tono y concluyera.
En el informe que se hace sobre esa reunión, se escribe: “En una entrevista personal con IG a las 11 horas del 29 de noviembre de 2011 se le solicitó de manera discreta la posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran su situación de inquilino en dicho ático a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su arrendador ni la cantidad que abonaba en concepto de alquiler ni por supuesto en qué entidad abonaba dicho importe”.
La reunión acaba mal. Y la policía sigue trabajando con discreción, aunque no avanza ya mucho más. Parece que González gana la partida. El PP nombra ministro del Interior, nuevos altos cargos en el policía, incluido el comisario general de Información, que es un antiguo jefe de Seguridad de Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid. González vive, más tranquilo y sigue disfrutando del ático. No denuncia nada del chantaje ni siquiera a sus compañeros de partido que dirigen ahora el Ministerio del Interior. Pero unos meses después, el 21 de marzo de 2012, el diario El Mundo publica que la policía está investigando el origen de la vivienda, su dueño real y cómo se pagó.
Entonces se produce cierto escándalo, cierto ruido mediático que diría Ignacio González, pero poco más. Poco más a nivel político. Era extraño que pagara un alquiler a una empresa en un paraíso fiscal, pero unos meses después Ignacio González hizo público que compraba el ático gracias a los ahorros, en buena medida de su esposa –había sido directiva con Arturo Fernández en los empresarios madrileños–, y ahí se quedó la cosa. A finales de ese año, Esperanza Aguirre anuncia que deja la política y González pasa a ser presidente de la Comunidad de Madrid.
Pero a nivel policial pasaron muchas cosas: González presenta una denuncia en el juzgado número 47 por prácticas policiales irregulares. Envía un escrito a la Fiscalía General del Estado contando todo lo que ha sufrido, pero olvida mencionar el supuesto chantaje de los dos policías. El comisario de Marbella, Hermes de Dios, que había ordenado las pesquisas del ático sobre el terreno, tuvo que dar explicaciones a Asuntos Internos y fue sancionado con diez días de suspensión. Poco después, perdió su puesto en la Costa del Sol y acabó en un distrito de Madrid. El ministro del Interior habló entonces de investigación irregular. De otro lado, el SUP denuncia el asunto del ático en un juzgado de Estepona, que acusa de blanqueo y delito fiscal a la mujer de González por la compra del ático, aunque luego retira esa imputación.
Bien, parece que González ha ganado esa partida, a pesar de lo extraño de su ático. Ignacio González mantiene una estrategia agresiva y hace pasar por el juzgado al ex director de la policía y la guardia civil con el PSOE, Francisco Javier Velázquez, para dar explicaciones sobre el caso de su ático. Consigue que el juez, por cierto hermano de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, también haga declarar nada menos que a dos secretarios de Estado en la época de Pérez Rubalcaba…
Y esta estrategia se le va a volver en contra. Recordemos, nunca ha mencionado su reunión con dos policías. Cuando González pide que se incorporen todos los documentos del caso para demostrar que le han investigado ilegalmente, la policía entrega todo, incluida la nota que refleja la reunión secreta.
Y es esa reunión la que se publica la pasada semana en el diario El Mundo, justo cuando el presidente del Gobierno está decidiendo sobre los candidatos electorales… Nos cuentan que hace un par de semanas, el presidente Rajoy pidió al ministro de Justicia que le informara sobre los sumarios, los casos de corrupción que había contra Ignacio González y las posibles revelaciones futuras. Por cierto, y contra todo lo que se empeña en afirmar el señor González, el caso del ático está vivo. Hay un sumario que dirige una juez en Estepona y la UDEF advirtió indicios de blanqueo de dinero en esa extraña operación. Eso sí, la información procedente de Panamá y de Delaware, aún no ha llegado.
Y González, por su parte, reaccionó muy mal la pasada semana: dio una rueda de prensa en la que acusó de chantaje a dos policías, que dependen de un director nombrado por su partido y de un ministro del PP, muy amigo por cierto de Rajoy. Lo hizo, además, sin avisar al ministro Fernández Díaz que, obviamente, no le respaldó. El lunes pasado, alguien cercano al presidente del gobierno nos dijo ya: “Ignacio González está kaput”. Kaput, no por cloacas del Estado, sino por las cloacas de un ático en Marbella y las de su propio partido.
