Vamos a viajar a enero de 1977, cuarenta años atrás. Franco ha muerto pero el franquismo todavía no. España aún no tiene Constitución, no ha habido elecciones, tampoco se ha aprobado la ley de amnistía que permitiría salir de prisión a miles de personas. El Partido Comunista seguía siendo ilegal. Y en la policía y los servicios secretos españoles (casi todos compuestos por militares) había amplios sectores ultras.
Aquella semana de enero fue terrible. Eran tiempos de manifestaciones y protestas. Además, la organización de extrema izquierda GRAPO tenía secuestrado desde el mes de diciembre de 1976 al presidente del Consejo de Estado, Antonio María Oriol. La policía reprimía con dureza, con violencia extrema a veces, y también con algunos elementos de ultraderecha buscando sangre.
El 23 de enero, uno de esos pistoleros mata al joven Arturo Ruiz que participaba en una manifestación por la amnistía de los presos. Y al día siguiente, un policía dispara un bote de humo y mata a otra estudiante, Mari Luz Nájera, en la manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Ese día, además, los Grapo secuestran al teniente general Emilio Villaescusa.
Y ese día, el 24 de enero de 1977, están en su despacho de la calle Atocha los abogados laboralistas, de los pocos que se dedicaban entonces a defender derechos de los trabajadores. Estaban vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista. Estaban también muy amenazados. Algunos se acompañaban al metro de Sol para evitar incidentes. Apoyaban a los trabajadores y allí se celebraban reuniones casi clandestinas. Uno de los hombres que acudían por allí era Joaquín Navarro, dirigente de Comisiones Obreras del Transporte que se había atrevido a desafiar la autoridad mafiosa del sindicato vertical del Transporte, uno de los últimos reductos franquistas, con una huelga muy exitosa que paralizó Madrid.
Y aquella noche iba a ser la noche, terrible, de la matanza en Atocha. Varios pistoleros, luego veremos ese territorio tan negro, acuden armados al despacho de abogados. Dos de ellos suben y llaman. Preguntan por Joaquín Navarro, que no está, ha bajado a una cafetería cercana. Y abren fuego sobre nueve personas que están allí. Matan a cinco: Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. En el suelo quedan heridos Lola González Ruiz, Luis Ramos, Miguel Sarabia y Alejandro Ruiz Huerta.
Se han salvado milagrosamente el sindicalista Navarro y la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fundadora y abogada del despacho, entonces por cierto embarazada de su hijo y que estaba en otro despacho cercano. La policía inicia las pesquisas de lo que se llamó luego el sumario 13/77. Muy pronto acaban detenidos tres jóvenes ultraderechistas: Fernando Lerdo de Tejada, Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá. También cae Francisco Corredera Albadalejo, líder del sindicato vertical del Transporte, por instigar el crimen, y un antiguo combatiente de la División Azul, Leocadio Jiménez Caravaca. Todos serán condenados en un juicio celebrado en 1980 en la Audiencia Nacional.
En aquel juicio ya faltó uno de los autores de los crímenes. El juez, que había sido franquista, Rafael Gómez Chaparro y Trillo Figueroa, inició las investigaciones y dio un permiso increíble, en 1979, a Fernando Lerdo de Tejada para que acudiera a la boda de un familiar. El asesino no volvió. Y hasta hoy.
Lerdo de Tejada se escapó a Sudamérica. En su día concedió una entrevista a Interviú. Hablaba de que a él le dijeron que había que dar un escarmiento a alguien, no matarlo. Y que él no subió al piso. La Audiencia Nacional condenaría a sus amigos García Juliá y Fernández Cerrá a 193 años de cárcel. Juliá aprovechó otro permiso para fugarse, en 1994. Acabó detenido por tráfico de drogas en Bolivia. Antes de que fuera devuelto a España, tras la publicación de un reportaje en interviú, desapareció de la prisión de Palmasola.
Fernández Cerrá cumplió 15 años de cárcel. Salió en libertad y estuvo en algunas empresas vinculadas a la seguridad en la provincia de Alicante. Para el autor intelectual, Francisco Albadalejo, fueron 73 años de prisión (murió en la cárcel) y Leocadio Jiménez Caravaca fue condenado a cuatro años, dos meses y un día por facilitar una de las armas del crimen.
Vamos a entrar en el territorio más inexplorado de la matanza de Atocha. El que habla de un asesino italiano y las conexiones de los ultras con la policía y los servicios secretos españoles. Esta semana la revista Interviu regala un suplemento especial sobre esas tramas negras, con, por ejemplo, las únicas imágenes de aquel juicio y las fotos del asesino italiano que no fue siquiera detenido, Carlo Cicuttini.
Fue un trabajo que hicieron los compañeros de Interviú de aquellos años tan complejos: José Luis del Campo, José Luis Morales y Rossend Domenech. Visto hoy resulta casi heroico. Por ejemplo, las fotos del juicio, las únicas que existen y que se regalan con el número de esta semana de Interviú (se prohibió hacer fotografías) se hicieron escondiendo cámaras artesanales dentro de cajetillas de tabaco. Hacían un agujero y disparaban una foto por cada cajetilla. Aquellas fotos, un documento histórico, no pudieron ser firmadas por sus autores, fotógrafos como Germán Gallego, porque su libertad y su vida habrían corrido peligro. En cuanto al asesino italiano, Carlo Cicuttini, los compañeros de interviú publicaron ya desde diciembre de aquel 1977 la implicación de sectores de la policía española y de ultras italianos en el crimen.
Los fascistas italianos habían cometido varios atentados y asesinatos en su país con diferentes nombres: Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo… Italia empezó a perseguirles y llegaron a España, donde fueron recibidos con bastante calorcito por sectores de los servicios secretos franquistas. El más famoso fue Stefano della Chiae. Pero hubo otros, entre ellos, Carlo Cicuttini, autor de un secuestro aéreo y del asesinato de tres carabinieri en Italia, antes de recalar en España, en el año 1972.
Casi todos los ultras italianos se reunían en una pizzería llamada El Appuntamento, cerca de la Gran Vía de Madrid. Colaboraban con servicios secretos y policías españoles. Della Chiae, que luego sería condenado por el brutal atentado de la estación de Bolonia, con 85 personas muertas, en 1980, declaró que la policía española le había protegido hasta… 1977, el año de la matanza de Atocha.
Carlo Cicuttini, que se hacía llamar Claudio o El ingeniero, estaba en Madrid la noche de la matanza de Atocha. Esa noche llamó por teléfono al líder ultra italiano que estaba en Roma y le pidió ayuda para ocultar dos Mariettas, dos subfusiles Ingram M10. Vamos a leer lo que dice un informe de los servicios secretos italianos fechado el 3 de marzo de 1987, diez años después de los crímenes: “Debiera parecer emblemática (se refiere a su condición de terrorista y asesino) su aseverada participación en la conocida matanza de cinco abogados sucedida en 1977 en el barrio de Atocha en Madrid”. Interviú ya publicó la implicación de Cicuttini en 1980. El tipo, que vivía en España, denunció a la revista y perdió. Uno de sus compañeros fascistas detenidos delató su participación en la matanza de Atocha. Pese a todas las pruebas en su contra, Cicuttini dilató unos años más su extradición a Italia, donde había sido condenado a cadena perpetua. Entre otras cosas, se había casado con una de las hijas del coronel Fontanals, que sirvió en los departamentos de Información franquistas.
En España había fascistas, asesinos italianos, escondidos aquí desde los años últimos del franquismo, que colaboraban en lo que se llamaría guerra sucia. Los jueces italianos Vigna y Macchia, que investigaron esas conexiones, lo declararon así a interviú en los años ochenta: “tenemos pruebas importantes de que algunos de estos terroristas cometieron acciones en conexión con los servicios secretos españoles en una especie de intercambio. Se les permitía residir en España a cambio de cometer acciones sucias por orden de estos servicios. Existen indicios de que existieron este tipo de conexiones en los hechos sucedidos en la calle Atocha de Madrid”.
El líder de esos fascistas italianos, Stefano della Chiae, declaró luego cuando fue procesado en su país que la matanza de Atocha fue instigada por sectores de la policía española”. Por cierto, Della Chiae salió de España diez días después de la matanza de Atocha. Sabe de lo que habla. Él fue uno de los pistoleros enviados por los servicios secretos españoles a Montejurra, en Navarra, en el año 1976. Había una disputa entre carlistas, los franquistas y los de izquierdas. Murieron allí dos partidarios carlistas y aquel movimiento quedó desacreditado profundamente. El juez que investigó, entre comillas, aquello, fue Gómez Chaparro y Trillo Figueroa, el mismo que empezó a investigar la matanza de Atocha y tuvo que ser relevado.
La prueba de esas conexiones entre fascistas, esa internacional fascista, el terrorismo negro que se llamaba, es otro crimen, en Italia, con un arma de los servicios secretos españoles. Parece increíble, pero ocurrió así.
El 10 de julio de 1976, fascistas italianos mataron al fiscal Vittorio Occorsio en Roma. Lo hicieron utilizando una metralleta, una Marietta (Ingram M10). El arma fue localizada y su número era 22000981. Había sido fabricada por una empresa de Estados Unidos y luego vendida… a la policía española. Las investigaciones revelaron que la policía había entregado esa y otras Mariettas a los servicios secretos fundados por Carrero Blanco con el nombre de Seced.
Los supervivientes hablaron de pistolones y ráfagas de disparos. Una pistola Star fue la que usó García Juliá. Y las investigaciones revelaron que Fernández Cerrá pudo usar una Marietta. Nunca se confirmó. Aquí debemos volver a Carlo Cicuttini. Cuando fue encarcelado en Italia, donde murió en 2010 víctima de un cáncer, reveló que había cometido acciones terroristas para el gobierno español bajo el paraguas de ATE (Antiterrorismo ETA), una especie de franquicia del Batallón Vasco Español y antecedente de los GAL.
Para que la gente no se pierda, parece haber un hilo de sangre y de servicios secretos en todos esos crímenes de la transición. Amigo de Cicuttini era Jean Pierre Cherid, un mercenario de origen argelino. Cherid mató a varios etarras bajo el paraguas de grupos de las cloacas del Estado. En 1984 murió cuando le explotó la bomba que preparaba para matar a varios jefes etarras refugiados en el sur de Francia. Su familia, esto fue así, pidió una pensión para ellos porque Cherid había servido a España. Fue denegada. La solicitud venía avalada por el siniestro comisario Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
El que era ministro del Interior hace cuarenta años, Martín Villa, dijo que la transición tembló aquellos meses. Todo terminó bien, pero como hemos visto, con enormes sacrificios y algunas amnesias selectivas. Aquellos crímenes y sobre todo la forma en que reaccionaron los compañeros, las familias, los militantes de una izquierda entonces radical, republicana y antimonárquica, anti Juan Carlos I recordemos, fue ejemplar y aceleró la transición, la reforma política. No hay que olvidar que el entierro de las víctimas de Atocha fue organizado por el servicio de seguridad del Partido Comunista, entonces ilegal, aunque por muy poco tiempo, hasta aquella Semana Santa. Hubo elecciones democráticas en junio, un gobierno legítimo. Al año siguiente, el referéndum de la Constitución… La Brigada Político Social de la policía se cerró para siempre. En aquella policía incipiente y ya no gris había jóvenes inspectores democráticos que fueron haciendo carrera larga y provechosa, como Juan Antonio González y Ricardo Sánchez. Los sectores ultras fueron perdiendo peso en el ejército y los servicios secretos españoles… Esas son otras historias, más recientes.
