Territorio Negro: Los papeles que los Mossos d’Esquadra querían quemar

Situémonos en la escena. Seis mossos d’Esquadra detenidos junto a una gasolinera por algo más de una docena de policías nacionales. Iban hacia la incineradora Tersa cuando sus compañeros les frenaron ¿Qué ocurre entonces?

Los policías, del servicio de información, habían recibido un soplo: los mossos d’Esquadra querían quemar y destruir miles de documentos reservados quemándolos en la incineradora Tersa. Era el 26 de octubre, un día antes de la que iba a ser la declaración de independencia. Los policías nacionales hacen parar los tres coches camuflados de los mossos y los mantienen en una gasolinera. Les enseñan la orden judicial y se llevan, no sin ciertos momentos de tensión, todas las cajas (36) con documentos que se iban a quemar.

Todos los documentos son de la Comisaría General de Información de los Mossos, la unidad más sensible dedicada a vigilar terroristas, grupos antisistema y en general cualquier amenaza a la seguridad de los catalanes. Cuando empiezan a analizarlos, los policías nacionales, también del servicio de información, comprueban que la mayoría corresponden a los años 2011 al 2017, los últimos seis años, pero hay algunos incluso de 1998. Y también comprueban que muchos de los papeles que van en las cajas están rotos en mil pedazos.

Y esos policías, como en una película de espías, han ido reconstruyendo esos papeles rotos y finalmente le han trasladado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un primer resumen. En El Periódico de Cataluña anticipamos ese índice de papeles que los Mossos querían quemar. Y aparecen asuntos bastante graves

Y demuestran que los Mossos d’Esquadra dedicaron tiempo y dinero público a hacer cosas que no le corresponden a una policía democrática. Entre los papeles que se iban a quemar, por ejemplo, había un informe de 14 folios sobre una manifestación celebrada el pasado 19 de marzo, hace un año, en Barcelona.

Los 14 folios estaban escritos bajo el epígrafe de reservado y se dedican a identificar con nombres y apellidos a las personas que estaban en la cabecera de la manifestación. La había convocado Sociedad Civil Catalana, el lema era “en defensa de la libertad, la convivencia y la democracia, paremos el golpe separatista”. Pues bien, los agentes de los Mossos se dedicaron a fotografiar (36 veces en total) a diputados de Ciudadanos como Carlos Carrizosa y Susana Beltrán, el líder del PP catalán, Alberto Fernández Díaz y el periodista de Antena 3 Albert Castillón, a los que definen como “contrarios al proceso independentista”

Los policías de los Mossos escriben análisis políticos que están fuera de lugar. Por ejemplo: “el número de personas vinculadas a Ciutadans ha crecido en los últimos años, han sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación y políticos en activo de centro derecha”. También parecen preocupados porque escriben sobre que han aumentado su “ofensiva”, tienen “más fuerza en redes sociales” y han incrementado también sus “pequeños actos en la calle”. Escriben también sobre la capacidad de convocatoria de Sociedad Civil Catalana.

La conclusión de la policía nacional sobre este informe de la manifestación es que “no se trata de un simple informe del seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la comisaría de Mossos d’Esquadra, siguiendo presumiblemente órdenes políticas, se ha venido realizado de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas entre otros colectivos en Cataluña que son contrarios al proceso independentista”.

Hemos hablado sólo de 14 páginas rotas y reconstruidas de las más de 30.000 documentos que los mossos d’Esquadra trataron de destruir el día antes de la declaración de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre.

Los policías catalanes siguieron físicamente al abogado José María Fuster Fabra, con amistades en Ciudadanos, Sociedad Civil Catalana y otros grupos no independentistas. Fuster Fabra fue vigilado día y noche durante una visita a Barcelona. Los Mossos anotan e informan a sus jefes de con quién se reunió y lo que hizo. Fuster Fabra, por cierto, ha defendido a veces a algunos mossos en casos penales.

Insistimos que la jueza solo tiene los 400 folios del resumen que le ha enviado la policía, que son los que publicamos en El Periódico de Cataluña. Entre los papeles que se querían destruir también había cuatro hojas escritas a lápiz que habían sido rotas antes de llevarlas a la incineradora. Hay una anotación que resulta reveladora: “Boda en Madrid de la familia Fuster Fabra en una casa de Madrid. Blas, Pino, Cierco, Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera”.

Fuster Fabra es el abogado, Blas y Pino son dos comisarios de policía (Marcelino Martín Blas y Eugenio Pino) implicados en lo que se llamó operación Cataluña, que contamos aquí en un territorio. Cierco es Ramón Cierco, directivo del BPA (Banco Privado de Andorra), donde, casualmente, la familia Pujol había escondido parte de su fortuna.

Una boda de alto riesgo según para quien claro, pero no parece que lo fuera para la policía ni para los ciudadanos de Cataluña. En fin, parece que los mossos d’Esquadra dedicaron esfuerzos a vigilar a Ciudadanos y tenían interés hasta por las bodas a las que acudía su líder, Albert Rivera ¿Vigilaron a otros grupos?

En cuanto a Rivera, también se iban a destruir unos papeles que hablaban de unas pegatinas insultantes que habían aparecido cerca de su casa. Y sobre otros grupos, las conclusiones de la policía nacional señalan que los Mossos crearon un “servicio ilegal de espionaje”, así lo llaman, que la Generalitat quería tener controladas a personas contrarias a la independencia de Cataluña. Entre otros, por ejemplo, salen mencionados el socialista catalán José Zaragoza y la dirigente popular Alicia Sánchez Camacho. También, debían ser peligrosos, algunos ciudadanos que se movilizaron para poder ver un partido de la selección española en una pantalla gigante en Barcelona.

Y las vigilancias y las notas secretas que los Mossos querían destruir llegaban hasta Marruecos, hay notas sobre lo que se habló, parece una historia de espías, en la boda de una persona de confianza del rey Mohamed VI en agosto de 2015

Ese documento recogía los asistentes, “catalanes y españoles”, escriben los agentes de información de los mossos d’Esquadra a aquella boda. Entre ellos se menciona a una ex senadora socialista, María José Elices, también a un colaborador de Jorge Moragas, el que entonces era jefe de gabinete de Mariano Rajoy, y al fiscal antidroga de Tarragona, Ángel Vilafranca. Los Mossos escriben que un informante les ha dado datos sobre los movimientos del gobierno español para frenar el proceso independentista y la posición de la fiscalía.

O sea que había dinero, dinero público imagino, para estos espionajes más políticos que policiales. La policía, los servicios de información pueden entrar en terrenos resbaladizos, de hecho viven allí, pero siempre con mandato judicial y con grupos que constituyan un riesgo para el sistema democrático. No parece el caso. Y sí, había dinero público, porque los 40 mossos d’Esquadra de ese grupo de élite que se dedicaron a espiar personas contrarias al independentismo pasaban sus dietas, sus comidas, sus viajes de las jornadas laborales que dedicaban a seguir a sus objetivos. De hecho, la policía española rescató dos correos electrónicos donde se informa que los gastos de fondos reservados para el año 2015 son de 161.101,22 euros.

Y además de políticos y activistas sociales, los mossos hacen informes y vigilancias de periodistas. De varios, pero sobre todo de los compañeros de El Confidencial, un diario digital que había publicado algunas informaciones sobre misiones secretas de los Mossos. Pues bien, los policías catalanes iban a destruir el informe completo sobre El Confidencial, donde recogían quienes fueron sus fundadores y hacían especial detalle sobre sus periodistas en Cataluña, como Antonio Fernández. De algunos de ellos se llega a incluir, y parece propio de otras policías más grises, hasta su supuesta adscripción religiosa. La policía nacional concluye que ese informe se hizo para “obtener información personal de los periodistas reseñados dada la línea política del medio para el que trabajan”.

Pero además de este espionaje, los Mossos llevaban a destruir otros papeles que demostraban lo que hicieron el 1 de octubre, el día del referéndum en Cataluña. La policía nacional recuperó y reconstruyó unas 300 actas que los mossos d’Esquadra redactaron sobre lo que ocurrió el 1 de octubre. No debió convencerles mucho a algunos jefes, porque, una vez que la jueza de la Audiencia Nacional pidió esa documentación, algunos sugirieron cambiar, es decir, falsear, esas actas: “yo quitaría el párrafo que pone”, “no podemos comenzar diciendo que…” “Lo que la fiscalía espera de nosotros es precisamente lo contrario”, se lee en algunos papeles que iban a ser destruidos y que eran consejos para re redactar esas actas policiales antes de ser enviados a la justicia para ver si los Mossos habían hecho su trabajo el 1 de octubre.

Y los mossos d’Esquadra también iban a quemar documentación sobre otro organismo, llamado Cesicat, lo que se ha bautizado como el CNI catalán, el servicio de espionaje.

La policía concluye que hubo unos planes para crear “una verdadera estructura de información para un futuro estado catalán”. Y que ahí colaboraron los servicios de información de los mossos y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, el Cesicat.

Los mossos y ese servicio de inteligencia catalán hicieron, según el informe en poder de la juez de la Audiencia Nacional, actividades irregulares como y citamos textualmente “control de comunicaciones, interceptación de correos electrónicos, redes sociales y telefonía móvil”.

Todo eso, en medio del proceso independentista y sin autorización de ningún juez. Hubo un proyecto especialmente inquietante que también se trató de quemar. Los Mossos querían acceder a las bases de datos externas de casi todos los organismos de Cataluña y parte del estado al menos desde el año 2012. La policía catalana mostró en un informe su plan para acceder, de nuevo sin control ni autorización previa a las bases de datos de la Sanidad catalana, de los alumnos matriculados en el Departamento de Educación, del Servicio Catalán de Transit (lo que sería Tráfico), beneficiarios de prestaciones sociales, de la Agencia Tributaria…

O sea, que la policía y ese CNI catalán pudieran saberlo casi todo de los ciudadanos de esa futura república catalana independendiente. La lista sigue. Los Mossos querían entrar sin permiso judicial también en la base de datos del DNI, oficinas de trabajo, centros religiosos y hasta las redes de bibliotecas que dependen de las diputaciones catalanas. Evidentemente, si eso se conseguía hacer, sería la llave para disponer ilegalmente de una cantidad de información inmensa sobre los ciudadanos de Cataluña.

Y también se querían quemar algunos documentos sobre células yihadistas en Cataluña. Incluso avisos llegados de Estados Unidos sobre posibles atentados en las Ramblas, en Barcelona, algo que ya publicó El Periódico de Cataluña y que fue casi lapidado por algunos. En la caja 1 que iba dentro de uno de los coches policiales camuflados había una nota escrita en inglés sobre posibles “ataques a turistas en Barcelona: Remite USA”. Y en la caja 4 había otro documento con “información sobre posible amenaza terrorista en Barcelona con fecha 2 de junio de 2017”. La policía nacional concluye que esos documentos secretos de los Mossos d’Esquadra “están relacionados con la planificación de ataques terroristas no especificados durante el verano contra lugares turísticos de Barcelona, concretamente Las Ramblas”. Es decir, tal y como publicó, en enero pasado, El Periódico, y negaron entonces el gobierno catalán y los Mossos, sí hubo avisos sobre los posibles atentados en Las Ramblas por parte de agencias de información de Estados Unidos.

Parece que toda esa documentación nos enseña las cloacas de este proceso independentista. ¿Qué va a ocurrir ahora?

Siete personas han denunciado en los juzgados ese espionaje que han sufrido. Entre ellas, por cierto, algún mosso d’esquadra al que sus propios compañeros espiaron y vigilaron, incluso lo hicieron con su ex mujer y su hijo de 15 años, por formar parte de un sindicato digamos poco entusiasmado con el proceso independentista. Los socialistas catalanes y Ciudadanos han pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlament. Además, la juez de la Audiencia Nacional ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la parte de espionaje a políticos catalanes. Queda que la magistrada siga investigando el grueso de ese espionaje y pida nuevos informes y más detallados sobre cada caso concreto a la policía nacional para ir viendo cuántos delitos se han cometido y, por ejemplo, si uno de ellos fue la malversación: gastar dinero de todos en este tipo de cosas.

¿Sólo se espiaba a personas o grupos contrarios a la independencia de Cataluña? ¿Solo se iban a destruir datos sobre ellos? En la mayoría de los casos, sí, pero también hay dossieres e informes que iban a ser destruidos sobre las CUP, un movimiento independentista que lideraba Anna Gabriel y sostenia al anterior gobierno catalán curiosamente. Los Mossos los llaman IR (Izquierda Revolucionaria) y analizan en sus informes las movilizaciones que pueden llevar a cabo si la independencia no se conseguía.

Los Mossos también llevaban a quemar algunos documentos sobre Jordi Pujol y su familia y la lista con nombres, apellidos, DNI y correos electrónicos de los 53.000 socios que tiene la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, uno de los motores del proceso independentista y las movilizaciones en las calles. No sabemos por qué tenían esa lista ni por qué querían destruirla.

Y ese grupo de mossos d’Esquadra llevaba a quemar incluso una conversación grabada a uno de los dirigentes del partido del gobierno, el diputado en el Parlamento Europeo Ramón Tremosa, uno de los apoyos del señor Puigdemont.

Es una carpeta llamada audios y ahí la policía nacional recupera una grabación realizada con un sistema oculto. Identifican al eurodiputado Tremosa hablando con otras personas. Allí el político del grupo de Puigdemont se sincera, asegura que algunos dirigentes de la CUP trabajan “para el otro bando” y sugiera descabezar la cúpula de su propio partido, de Esquerra Republicana y de la Asamblea Nacional Catalana. Tremosa, su compañero, asegura que los jefes del proceso independentista “están tots podrits” (están todos podridos). Por eso, porque hacía estas críticas tan duras a los líderes independentistas, imaginamos que fue grabado por la policía catalana.

¿Quiénes pueden ser los responsables de ese “departamento ilegal de espionaje”, como lo llama la policía nacional en sus informes a la juez Lamela?

La policía recoge que en el caso de espionaje a datos privados de ciudadanos era la cúpula del Departamento de Interior del gobierno catalán. En otras partes de su informe habla del comisario Castellví, responsable de la comisaría de información, del Mayor Trapero y apunta a que recibían órdenes políticas de la Generalitat.