Antonio Ortiz fue procesado hace unos días. El juez de instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez –que no es el que inició las investigaciones–, dictó hace unos días un auto de procesamiento contra Antonio Ortiz. Los hechos de los que se le acusa son constitutivos de cuatro delitos de detención ilegal, cuatro delitos de agresión sexual, dos delitos de lesiones y una falta de lesiones.
Si es considerado culpable de todos los delitos, en el mejor de los casos se enfrentará a una condena cercana a los 70 años de prisión –aplicando el grado mínimo de las penas– y en el peor de los casos –si se aplica el grado máximo– a 90 años de cárcel. En cualquier caso, un panorama bastante complicado. Y eso que en este caso, por el tipo de delitos que se juzgan, a Antonio Ortiz le juzgará un tribunal profesional y no un jurado. Los delitos sexuales siempre son juzgados por magistrados.
Un tribunal profesional formado por tres jueces que, para condenar o absolver, se basarán en lo que pase en el juicio y, lógicamente, en las pruebas que haya contra este tipo. Y de eso, precisamente, nos queréis hablar hoy. De las pruebas que ahora mismo hay contra Ortiz y que han servido al juez instructor para procesarle…
Ese auto de procesamiento recoge varias pruebas y enseña lo que nosotros hemos llamado la parte oculta, el trabajo silencioso de la operación Candy. Después de la detención del pederasta en Santander, de las ruedas de prensa del ministro, del ruido mediático…. Mucha gente siguió trabajando. Siguieron trabajando, y trabajando muy bien como veremos más adelante, los agentes de Policía Científica, que manejaron miles de muestras de todo tipo recogidas en los escenarios clave, y también siguieron trabajando los agentes del SAF de la Brigada de Policía Judicial, que sostuvieron, apoyaron, mimaron y ayudaron a las testigos, a las víctimas, en diligencias tan importantes y tan difíciles como las ruedas de reconocimiento.
El juez considera que hay indicios de culpabilidad acerca de cuatro hechos. La agresión sexual a una niña de cinco años cometida dentro de su coche en septiembre de 2013; el secuestro y la agresión a una pequeña de nueve años, a la que dejó en una estación de metro tras pasar varias horas con ella en un piso, en abril del año pasado; la agresión a una niña de seis años a la que secuestró y agredió en su guarida, en junio de 2014; y la agresión sexual a una niña de siete años, a la que obligó a subir a su coche, donde cometió los abusos, en agosto de 2014.
La policía consideraba a Ortiz autor, al menos, de otros tres hechos: el intento de secuestro de una niña de 11 años, en agosto de 2014; la agresión sexual a una niña de siete años, cometida en el propio domicilio de la pequeña, en julio de 2013; y el intento de secuestro de una pequeña de ocho años, en agosto de 2014.
¿Qué ha impedido al juez procesar a Ortiz por los otros tres hechos? ¿No había pruebas? Vivimos –pese a lo que muchos piensen– en un estado de derecho, con garantías procesales que también alcanzan a monstruos como Antonio Ortiz. En el auto, el juez instructor aclara que, si bien los informes de la ubicación del teléfono móvil del imputado hacen posible que estuviese presente en los lugares de esas agresiones, eso no es indicio suficiente para procesarle por esos hechos. No ha sido reconocido por ninguna de las víctimas y tampoco se han hallado huellas o restos biológicos de Ortiz, así que el juez no le procesa, pese, y leemos textualmente, a sus fuetes indicios de autoría.
Pues sí, el estado de derecho protege hasta a quienes no merecen ninguna protección. Porque parece que sí hay sólidos indicios contra Ortiz en las otras agresiones…
Las cuatro niñas, que en el sumario son las testigos protegidas 2, 3, 4 y 5, le identificaron en las ruedas de reconocimiento celebradas entre octubre y noviembre del año pasado. En todas ellas, se colocó a Ortiz junto a cuatro policías de características físicas similares a él y de edad parecida. Esos días, nos contó alguno de los habituales en los juzgados de plaza de Castilla, los pasillos del edificio se llenaron de agentes enormes, musculados… del mismo aspecto que Ortiz. Las cuatro niñas reconocieron al pederasta, sin dudarlo, y en presencia del abogado del acusado. Eso sí, acompañadas de psicólogas de los juzgados y de sus padres.
Imaginen el trago para esas niñas de seis, siete años… Ver otra vez al tipo que en algunos casos las agredió hasta poner en peligro sus vidas. Y de hecho, una de las acusaciones, la que ejerce el bufete Tuero-Sánchez en nombre de la familia de la TP3, ha solicitado al juez que se procese a Ortiz por tentativa de homicidio. Su argumento es que la brutalidad de sus ataques y los fármacos que suministraba a las crías pudieron haberlas matado. Veremos si el recurso prospera, pero, de momento, con lo que hay, el futuro de Ortiz es muy oscuro.
El juez recoge como prueba en su auto de procesamiento, por ejemplo, un informe sobre huellas de pisada hecho por el grupo de trazas instrumentales de la Comisaría General de Policía Científica. En él se analizan tres huellas de pisada encontradas en el piso al que Ortiz llevó a dos de sus víctimas –las TP 3 y 4–. Las huellas fueron introducidas en una base de datos de fabricantes de calzado llamada Sicar, que reveló que el dibujo de la suela correspondía a unas Nike modelo Main Draw, exactamente el mismo que llevaba la TP3 el día que fue secuestrada y agredida en la casa donde aparecieron las huellas. Los agentes de Policía Científica compararon las impresiones de pisadas con las zapatillas de la niña y concluyeron lo siguiente: las huellas encontradas en el piso han sido producidas por las suelas de unas zapatillas de iguales características que las de la TP3, sin que pueda afirmarse ni descartarse que sean las mismas.
Existen otras pruebas que son mucho más concluyentes. Definitivas, que sitúan a esa misma niña, la TP3, en el piso de la calle Santa Virgilia sin ningún género de dudas. Y aquí tenemos que detenernos en el trabajo de la Policía Científica, porque es impresionante. Como ejemplo, uno de sus informes. En los que se habla de 85 muestras recogidas en distintos lugares de esa casa de los horrores de Ortiz. Esas muestras incluyen toallas, sábanas, colchones, vasos, pelos… todo ello habitual. Pero los agentes no se dejaron nada sin inspeccionar: abrieron el aspirador y tomaron muestras de allí, de los desagües de toda la casa, de cubos y fregona…
Se buscó ADN en todas esas muestras y se comparó con el de varias personas: dos de las víctimas –las TP3 y 4, que relataron que habían sido llevadas al piso–, Antonio Ortiz y personas relacionadas con él, que pudieron haber estado en esa casa: su madre, su hermana, su pareja, su ex mujer, la asistenta y dos amigos. La primera conclusión del informe es demoledora para Ortiz. Dice que en el plástico que cubría un colchón y en el suelo del salón había sangre y restos celulares –como fragmentos de piel o uñas– estaba el perfil genético de la TP3. Es decir, la niña estuvo allí y la Policía Científica incluso pone números a la posibilidad de que no fuese ella: dice que es 8.804 cuatrillones de veces más probable que el perfil genético de esas muestras procedan de la TP3 que de cualquier otra persona escogida al azar entre la población española.
Hay otro informe que dice que en la braguita que llevaba la TP3 el día de su secuestro y agresión hay restos biológicos de Antonio Ortiz. Concretamente señala que es 240.247 trillones de veces más probable que el ADN que hay en la ropa interior de la niña sea del procesado que de cualquier otra persona escogida al azar entre la población española. Así que esa línea de defensa se complica.
Habéis hablado en todo momento de esa víctima, la TP3, a la que el pederasta se llevó hace ahora un año, de un parque, cuando estaba con una amigas con el engaño de probarle ropa. Hay pruebas científicas en otros ataques, pero no tan definitivas, aunque sí suficientes. Las siguientes víctimas, la TP4, la pequeña china a la que provocó graves lesiones, y la niña a la que agredió en su coche, la TP5, también le han reconocido. Pero, además, el haplotipo –ADN por vía paterna– de Ortiz está presente en sus ropas interiores e incluso en sus cuerpos. Esto quiere decir que hay es 25.000 veces más probable que esos restos biológicos sean de Ortiz o de otro varón relacionado con él por vía paterna que de cualquier otro varón de la población europea.
La Policía Científica no ha querido dejar nada al azar, así que hizo un informe sobre todos los varones de la estirpe de Ortiz que pudieran compartir su haplotipo y concluyen lo siguiente: no se puede situar a ningún otro portador de ese haplotipo en la escena de ninguno de los hechos investigados. Y es que, como dice el juez en su auto de procesamiento, es especialmente relevante el hecho de que Ortiz no tiene hermanos y, por tanto, no hay otros varones de edad próxima a él.
La mayoría de las pruebas hacen referencia a la TP3, a la niña cuya agresión puso en marcha la operación Candy. Ya contamos aquí que esa niña ha sido una testigo excepcional para la policía, el fiscal… Y en gran medida lo ha sido gracias a la complicidad que generaron con ella dos subinspectores del SAF de la Brigada de Policía Judicial, un policía y una policía que se convirtieron en compañeros de juegos, confidentes, y que sacaron a la pequeña toneladas de información. El juez, en su auto de procesamiento, hace referencia a la descripción que la niña hizo de la guarida del pederasta, del piso donde la agredió.
Coincidía lo que contó con esa casa de la calle Santa Virgilia hasta extremos que dejaron estupefactos a los policías: la pequeña llegó a dibujar un plano con la disposición de la vivienda. Y describió detalles como la puerta del portal con barrotes negros, dos ascensores que tenían botones para ciegos, la fachada de ladrillos, que al entrar a la izquierda había una cocina y luego vio un sofá y una mesa rota… Incluso la niña, a la que no olvidemos que su agresor dio tres pastillas para adormecerla, recordaba que el ascensor había parado en el piso 4 ó 5. La guarida de Ortiz estaba en el cuarto piso.
