La semana pasada entraba en vigor el reglamento europeo que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en el sector pesquero español, especialmente en comunidades autónomas como Galicia donde advierten que trabajarán donde puedan y “donde les dejen”.
Poco después de este anuncio, la propia Comisión modificaba la medida excluyendo del veto a 41 de las 87 zonas afectadas siempre y cuando la pesca de arrastre se haga en lugares de menos de 400 metros de profundidad.
Unos cambios de última hora que no han servido para calmar el ambiente en el sector, donde tienen dudas sobre el impacto que tendrá en España. Según los cálculos de la Xunta de Galicia, esta nueva prohibición afectaría a más de cuatro mil tripulantes gallegos y tendría un impacto global en la economía de la comunidad de cerca de 116 millones de euros, a partir de los datos de la pesca-conserva de Galicia de 2019… Unos datos que han alarmado al país y que han hecho que el gobierno se plantee presentar un recurso contra la prohibición de pesca de la Comisión Europea.
"El gobierno de España va a interponer ese recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Lo anuncio en este momento. Y lo va a hacer porque asume la representación del conjunto del sector y defiende sus intereses", así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas en el Congreso de los Diputados. Un recurso que llevarán a cabo lo “antes posible” según afirmaba ayer el propio ministro, de hecho, tendrán que hacerlo en un mes si no quieren que se les acabe el plazo para poder presentarlo.
Iván López, Presidente de la Alianza Europea de pesca de fondo, lo explica en La Brújula: "Hay una aglomeración de barcos en zonas donde antes no estaba. Esto es bastante difícil porque se pueden cruzar los aparejos de uno y otro barco y esto dificulta la pesca. Estamos viendo que la Comisión Europea está cogiendo artículos muy buenos pero que no son legales... Hay que buscar el equilibro entre lo legal y lo real y estamos pagando las consecuencias ya".
"Este año sale un informe y la Comisión Europea no consulta nada con los pescadores y entra en vigor el veto. A la CE yo creo que se le escapa lo mundano", señala.
