A dos días de que la huelga de los letrados de justicia cumpla dos meses, el paro deja un alto coste a la justicia española. Más de 350.000 juicios y vistas suspendidos en tribunales de toda España y cerca de medio millar de demandas paradas, pendientes de llegar a los juzgado. Y a esto se suma que más de 1.280 millones de euros se encuentran parados en las cuentas de consignaciones esperando a que acabe la huelga. Un escenario que complica aún más la situación de una justicia que ya de por si acumula retrasos y que en el mejor de los casos hará complicado que la normalidad se recupere antes de un año.
Vamos a hacer un diagnóstico de la situación. Concluida la última reunión del comité de huelga con el Ministerio de Justicia y también con Hacienda, que se incorporaba hace unos días a la mesa, la negociación continuará mañana. No hay comunicados de cruces de reproches. Esto significa que, como ya ocurrió el viernes, la negociación avanza. Fuentes del comité señalan a Onda Cero que los ánimos son positivos. Han dialogado por la mañana, también por la tarde y están dispuestos a reunirse todo lo que sea necesario, aunque todavía las posturas están alejadas. En cifras, la huelga cumple el viernes dos meses y el trabajo acumulado comienza a ser imposible de remontar en todo este 2023. Más de 350.000 juicios y vistas suspendidas. 400.000 demandas paradas y 1.280.000.000 de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones de finanzas y otros pagos pendientes.
El Ministerio mantiene que los lagos verán incrementado sus salarios en casi un 15%. Lo decía sin sonrojo la ministra de Justicia en su comparecencia en el Congreso y las cuentas le salían porque incluía el nueve y medio por 100 que se le subirá a todos los funcionarios para afrontar la inflación. También decía que este conflicto le toca lidiar a ella. Pilar yo, pero que procede del gobierno anterior a los huelguistas. La subida del 5% pactada con los sindicatos que dicen que no le representan, les parece completamente insuficiente para compensar las nuevas tareas que comenzaron a asumir hace 14 años.
María Rodríguez Allende, letrada de la Administración de Justicia lo explica en La Brújula.
