En medio del debate sobre el futuro de la mutualidad de funcionarios MUFACE, Ana Ercoreca, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), expresa su profunda preocupación por el rumbo de esta institución, cuya desaparición podría afectar a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias, así como a los 8.900 empleados públicos destinados en el extranjero.
"Esperemos que MUFACE no desaparezca, porque llevamos décadas defendiendo este sistema que no solo funciona, sino que supone un ahorro importante para el gobierno", afirma Ercoreca. Según datos que expuso, el coste por persona en MUFACE es de 1.030 euros, en comparación con los 1.736 euros del sistema sanitario público, lo que representa un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de euros anuales.
Ercoreca señala que el sistema público de salud ya enfrenta graves tensiones, con listas de espera estabilizadas en 848.000 pacientes y un promedio de espera de 121 días. "Si añadimos a los funcionarios a este sistema, las listas de espera aumentarían un 266% para consultas externas y un 115% para intervenciones quirúrgicas", explica.
Además, destaca el impacto en comunidades autónomas con recursos más limitados, como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla. "Estas regiones ya están en una situación complicada y la eliminación de MUFACE solo empeoraría las cosas".
La incertidumbre también afecta a los empleados públicos en el extranjero, quienes han recibido notificaciones de que su cobertura sanitaria podría finalizar el 31 de diciembre. "Pedimos al gobierno que negocie con nosotros y con las aseguradoras para garantizar el servicio. No saber quién te tratará ni si se transferirán tus expedientes médicos genera una angustia innecesaria", lamenta.
Ercoreca insiste en que el desmantelamiento de MUFACE carece de justificación económica y sociosanitaria, y subraya que cualquier modificación de las condiciones debería ser tratada como un derecho adquirido, al igual que en el ámbito privado. "Este sistema no es un privilegio, sino un derecho que contribuye a descongestionar la Seguridad Social y garantiza una atención sanitaria de calidad a los funcionarios", concluye.
Desde FEDECA, exigen una reunión urgente con el Ministerio de Función Pública para abordar el futuro de MUFACE y evitar medidas improvisadas que comprometan la salud de millones de personas y el equilibrio del sistema sanitario español.
