Las cuatro asociaciones de jueces en España han mostrado su rechazo frontal a la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por el PSOE. Según estas asociaciones, la propuesta, que busca modificar la figura de la acción popular en los procesos judiciales, es "inconstitucional" y "parece diseñada para su específica aplicación a casos concretos". Además, advierten que la medida "inutiliza" la capacidad de los ciudadanos y organizaciones para participar en la persecución de delitos, lo que podría tener consecuencias graves en términos de justicia y transparencia.
El anuncio de esta proposición fue realizado por el portavoz socialista, Patxi López, en el contexto de lo que el partido considera "acoso" judicial contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno más cercano. Esta iniciativa surge tras una serie de querellas basadas en recortes de prensa que han abierto procesos penales contra personas cercanas al presidente, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Entre los casos judiciales actualmente en curso destacan el conocido como "caso Koldo" y otras investigaciones similares, las cuales podrían verse afectadas por la aplicación retroactiva de la nueva normativa.
Las preocupaciones de la magistratura
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha expresado su preocupación por esta proposición de ley y sus posibles implicaciones. En sus declaraciones, ha sido tajante al señalar que la propuesta podría estar dirigida a garantizar la impunidad en ciertos casos de corrupción política.
"La modificación de la figura de las acusaciones parece buscar 'la impunidad' si se atiende 'a las causas abiertas'. La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad", afirmó Del Barco, señalando que esta desigualdad es incompatible con los principios fundamentales del sistema judicial.
Del Barco no se detuvo ahí y apuntó directamente a las consecuencias específicas de la propuesta: "Una inquietud clara. La propia regulación que se pretende hacer de la acusación popular, muchos delitos relacionados con la corrupción política quedarían impunes, que igual es lo que se pretende".
Además, destacó que la disposición transitoria incluida en la ley tendría un efecto inmediato en casos actualmente en curso: "La disposición transitoria es clara. Afectará a todos los procesos en curso de aquellos procedimientos en los que se ha hecho la acusación popular. Parece clara la finalidad de la proposición de ley".
Del Barco vinculó esta iniciativa con otras reformas legales recientes impulsadas por el Gobierno, como la derogación del delito de sedición y la publicación de la ley de amnistía: "Vimos cómo se derogó el delito de sedición, cómo se ha publicado la ley de amnistía, y ahora nos encontramos con esta proposición de ley".
Sobre la intencionalidad de la normativa, señala:"La ley de amnistía se hace con nombre y apellido para indultar a Puigdemont y su círculo más cercano. Aquí no hay nombres y apellidos, pero no se nos escapa la intencionalidad. La disposición transitoria no deja lugar a dudas".**
Finalmente, Del Barco advirtió sobre las implicaciones de esta proposición en la independencia judicial y la percepción pública del sistema judicial: "Es evidente que los jueces tenemos libertad de expresión y tenemos que ser prudentes. Pero lo que se trata es de censurar y sembrar la duda sobre la actuación de los jueces y su independencia".
