El Gobierno llevará a la reunión de este miércoles, en el marco de la negociación de la reforma laboral, una nueva propuesta para sustituir los ERTE tal y como se conocen. Esta nueva propuesta es el Mecanismo RED de Flexibilización y Estabilización del Empleo.
Dentro de este nuevo mecanismo el Gobierno de coalición incluirá formación para que los trabajadores se reciclen y cambien de empresa. Además, consistirá en tres nuevos ERTE: de fuerza mayor, de reestructuración y sectorial.
En 'La brújula' hablamos con una de las partes implicadas en la negociación de la reforma laboral. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, confirma que han recibido la propuesta en un "documento muy farragoso" y explica que "son 30 páginas para un solo artículo".
Para el representante de los empresarios esta nueva propuesta supone "más intervencionismo, menos capacidad decisoria para las empresas y más coste". Con la nueva propuesta del Gobierno en la mano, Garamendi deja claro en su entrevista con Juan Ramón Lucas que "no estamos en una buena posición de dar nuestro visto bueno".
Esto supone más intervencionismo, menos capacidad decisoria para las empresas y más coste
El presidente de la CEOE remarca que "los ERTE vienen de la famosa reforma laboral de Rajoy" y opina que "la nueva propuesta nada tiene que ver con un ERTE". Para Garamendi la posibilidad de sustituir los ERTE viene acompañada del posicionamiento ideológico de una parte del Gobierno. "Hay mucha ideología en los papeles que nos han entregado. Puede ser un cambio bienintencionado, pero en este Gobierno de coalición hay gente que esto quiere que sea restrictivo e intervencionista", afirma.
Subida de las cotizaciones
Por otro lado, Antonio Garamendi muestra su descontento con la nueva propuesta del ministro José Luis Escrivá sobre las cotizaciones. El presidente de la CEOE es claro y dice que "es como si en una comunidad de vecinos hay que abrir una derrama y solo la pagan el del quinto y el del cuarto".
Para el presidente de la CEOE, los cambios que están proponiendo desde el Gobierno y que afectan a los empresarios son "un mazazo enorme para la competitividad de las empresas españolas en el extranjero".
