Nos acompaña en la tertulia de la brújula de la economía José Luis Martínez Campuzano, Portavoz de la asociación española de banca, que defiende que la sentencia “no es vinculante”.
Cerca de un millón de familias están afectadas y la declaración del letrado abriría la puerta a que se produjeran miles de reclamaciones. “Es importante que no haya alarmismo”, ha señalado el portavoz.
Campuzano defiende que las entidades han cumplido con la ley y se remite a la sentencia del Tribunal Supremo de 2017, que dictó que el índice no implicaba abuso alguno: “El Tribunal Supremo ya dictaminó una sentencia en el 2017 que consideraba que no había riesgos en términos de transparencia” (…) “Todo lo del índice se ajustaba a la legalidad”. A pesar de ello, el abogado general de la UE entiende que los clientes han sido víctimas de una cláusula legal, pero "poco transparente".
El Tribunal Supremo, que dio en su momento la razón a los banqueros en 2017, todavía no se ha pronunciado.
En caso de una sentencia desfavorable, se debe conceder algo de solvencia o de credibilidad. Estaríamos hablando de pérdidas por el valor de 44 mil millones de euros en caso de que todos los afectados acudiesen a reclamar.
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