Las cuatro asociaciones de jueces en España han mostrado su rechazo frontal a la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por el PSOE. Según estas asociaciones, la propuesta, que busca modificar la figura de la acción popular en los procesos judiciales, es "inconstitucional" y "parece diseñada para su específica aplicación a casos concretos". Además, advierten que la medida "inutiliza" la capacidad de los ciudadanos y organizaciones para participar en la persecución de delitos, lo que podría tener consecuencias graves en términos de justicia y transparencia.
El abogado penalista Jose María de Pablo señala que "es peligroso y preocupante, en primer lugar por lo que subyace detrás de la ley. Por un lado, de ser una ley especial, no para todos los procedimientos. Está pensada para casos particulares. Es una ley procesal que normalmente no son retroacticvas. Aplica a los casos en tramitación y sabemos en qué casos está pensando el legislador"
"A la acusación popular solo se le permite interponer una querella y una vez terminada la instrucción se le permite presentar escrito de acusación o presentar recurso. Pero cuando una acusación se persona y no puede intervenir en la fase de la instrucción se le ha cercenado la actividad de participar en la investigación que es un derecho recogido por el artículo 125 de la Constitución para todos los ciudadanos", añade.
Y advierte: "Cuando se presenta una ley pensada para un caso concreto, tiene efectos no queridos en otros casos como pasaba con la malversación. Hay muchos procedimientos abiertos en España en los que interviene la acusación popular. En concreto, uno de los efectos, en todas las piezas de la Operación Púnica habría que expulsar al PSOE y Podemos que están ejerciendo la acusación popular"
Explica que limitar la acusación popular más allá de los partidos políticos es peligroso: "Es aplicable a estos casos la doctrina Botín que impide que la acusación popular por sí sola pueda sentar a alguien en el banquillo. Estos límites ya estaban. Yo sí era partidario de limitar en cierto modo la acusación popular pero no con efectos retroactivos. Y prohibirla a partidos políticos o asociaciones vinculadas con partidos políticos. Pero no a ciudadanos. Esto tiene muchas consecuencias, no podrían presentar acusaciones por ejemplo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo tras un atentado, o una asociación feminista o una ecologista"
Y en cuanto a la investigación a Álvaro García Ortiz: "La FGE no es independiente, no lo ha sido nunca. Un caso tan grave no lo hemos visto en la Fiscalía pero hemos visto casos que dejan claro de quién depende la Fiscalía. Una reforma mucho más urgente es dotar de independencia al Ministerio Fiscal. Así no haría falta limitar la acusación popular"
