El Fiscal General del Estado, al estar nombrado por el Gobierno, es un actor político. Dolz asegura que "el problema no es quién es el Fiscal General del Estado, sino el hecho de que lo nombre el Gobierno, esto hace desaparecer cualquier apariencia de normalidad".
En el contexto político actual podría considerarse una anomalía. "Siendo el Gobierno consciente del informe desfavorable en cuanto a la idoneidad del Fiscal General del Estado propuesto, el candidato don Álvaro García Ortiz. El Gobierno, de una forma arbitraria, nombra a esta persona".
"Sigue estando en una discrecionalidad del Gobierno, que tiene que estar sujeta a la legalidad y, por eso, algunos fiscales consideramos que este nombramiento es arbitrario, porque no ha dado una respuesta razonable o jurídicamente fundada al informe contrario del Consejo General del Poder Judicial".
Esta espiral descendente de la Fiscalía General del Estado comienza con Dolores Delgado. "Fue un error del presidente del Gobierno nombrar a la ministra Fiscal General del Estado". "Es inaudito que los nombramientos que se han hecho a propuesta de estos dos fiscales generales hayan sido ya en cuatro ocasiones declarados nulos por el Tribunal Supremo".
Según Dolz, la persona que está ocupando el cargo de Fiscal General del Estado no tendría que ocuparlo. "La dignidad institucional es muy importante. Cuando una persona en el desempeño de su cargo está recibiendo estas descalificaciones tan graves por parte del Órgano Judicial de máxima categoría como es el Tribunal Supremo y está en curso una causa penal, la dignidad es institucional obliga a echar un paso atrás y dimitir."
La regeneración democrática "pasa por el cese de don Álvaro García Ortiz, sin eso no será creíble ninguna actuación que se haga en la Fiscalía. Estamos hablando de la crisis de una persona que es el Fiscal General".
En Europa, el fiscal es quien instruye los casos y no el juez, por eso "el cambio de modelo es casi obligado. No sería posible ese cambio de modelo si no se garantiza una reforma efectiva del estatuto orgánico del ministerio fiscal para que los fiscales instructores estén blindados. Como el modelo de Portugal, Francia e Italia, donde el Fiscal no puede recibir una orden de no investigar. Esto hay que blindarlo, si eso no ocurre el modelo no sería factible" ha explicado.
