Esta semana la vuelta al colegio ha estado llena de cierto desasosiego y mucha incertidumbre, por lo que es comprensible el miedo que sienten muchos padres y madre y que pidan una vuelta segura. Sin embargo, el miedo no es el único elemento que incita a estos padres a que sus hijos se queden en casa.
Por ejemplo, Cristina es una madre que ha decidido que sus hijos no vayan al colegio, ya que considera que "en vista de la situación actual el derecho a la salud por encima de todo". Por el momento sus hijos recibirán esta educación desde casa y explica que no los llevará al colegio presencialmente hasta que se tomen medidas que realmente salvaguarden la seguridad, porque, ante todo, le preocupa que sus niños se contagien y que su marido y ella enfermen.
Cristina no es la única que ha tomado esta decisión, ni mucho menos. Hay una auténtica ola de familias que se están movilizando. En Andalucía la Plataforma por Una Vuelta Segura y Voluntaria al Cole cuenta con más de 5 mil familias, y también hay otra Plataforma en la Comunidad Valenciana.
No obstante, la Fiscalía recuerda que la escolarización es obligatoria. Clara Martínez de la cátedra de Derechos del Niño de Comillas, de ICADE, nos dice que "el derecho del niño no puede verse limitado por una decisión de los padres"
Martínez indica que "no hace falta llegar a extremos penales", ya que siempre se intentaría "ayudar a los padres a ver que tienen que ponderar otros elementos antes que tomar esta decisión". Para compaginar ese derecho a no enfermar y a la educación se junta, dice la abogada, "la responsabilidad de los padres de que sus hijos satisfagan todos sus derechos y de los poderes públicos de asegurar que la escuela sea un sitio seguro".
Además, está claro que cuando desaparece la escuela, las desigualdades aumenta, y lo afirma una de las conclusiones de un estudio realizado en Catalunya. Martínez señala que "en España ya tenemos un abandono escolar muy alto" y que "esto va a ahondar una brecha mayor".
La Fiscalía de Menores en su escrito asegura que la preocupación por la garantía de la salud es comprensible, incluso dice que es compartida, pero aun así establece la prioridad de una educación presencial.
El absentismo está regulado y es un delito que puede llegar a penar de multa, prisión o incluso para el ejercicio patria potestad, explica Emilia de Sousa, Abogada especializada en Conciliación Familiar.
Sin embargo, si se justifican las faltas no se puede hablar de absentismo. Incluso se puede llegar a a un acuerdo con el centro, aunque la abogada afirma que "realmente queda un poco en el aire". Una falta justificada, dice, podría ser cuando los niños tienen patologías previas o conviven con personas vulnerables que están exentos de dicha presencialidad.
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