En España hablamos mucho de la lluvia y poco del agua. Quizás se deba a que los políticos no quieren meter en el debate públicos problemas cuya solución genera división entre correligionarios del mismo partido.
La semana pasada el CIS publicó su barómetro mensual. La independencia de Cataluña es la preocupación número 32 y la Ley de Amnistía la 24. Sin embargo, ocupan el debate público.
Salvo que la lluvia lo remedie, y es difícil, el 1 de febrero la Generalitat activará un plan de emergencia que implicará la implantación de restricciones al consumo de agua en el área metropolitana de Barcelona y parte de la provincia de Girona.
Cataluña arrastra lluvias escasas desde hace tres años, pero no aprobó las primeras medidas hasta marzo del año pasado. Estaban en otros temas. ¿Cómo van a convencer a la población de un consumo razonable de agua si están embarrados en una dialéctica política alejada de la realidad?
