El Banco de España ha alertado de que la crisis derivada de la pandemia está lejos de terminar, una advertencia que choca con las previsiones de crecimiento del Gobierno del 6,5% para este año y del 7% para 2022.
Pablo Hernández de Cos, el actual gobernador del Banco de España, ha destacado la importancia de las medidas de apoyo monetarias y fiscales puestas en marcha por otros gobiernos y supervisores que han limitado el impacto de la crisis sobre el sector bancario, unas medidas que una vez no existan dejarán a la vista como quedará finalmente la búsqueda de estabilidad financiera.
Para Hernández, la pandemia ha llegado en un momento en el que los bancos estaban mucho mejor preparados que durante la anterior crisis financiera. Una situación que ha permitido a las posiciones de capital y liquidez seguir siendo sólidas un año y medio después de la crisis. Sin embargo, ha recordado, que el origen del shock actual es distinto al de la crisis global de 2008.
Créditos a las empresas en plena recuperación económica
Las pequeñas empresas afrontan un escenario preocupante para los próximos meses. Las nuevas operaciones de crédito hasta junio han caído a su nivel más bajo desde 2010 , un 38% menos que el año pasado, es decir, 146.000 operaciones frente a las 215.000 del año anterior.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) avisa que la restricción del crédito dificultará la recuperación de empresas y su capacidad de inversión.
Vacunas y despidos
La patronal más representativa de las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña (PIMEC) ha apostado por suspender de salario y de empleo a los trabajadores que no acrediten el certificado Covid-19.
El consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que "no sería necesario" y, la responsable de Salud Laboral, Mónica Pérez ha calificado de desproporcionada la medida.
Mientras, los expertos avisan de que sería necesaria una reforma de la Constitución pero también modificaciones de las leyes sanitarias y del ámbito laboral.
Movilizaciones en Italia
Desde el pasado viernes, todos los trabajadores italianos, tanto los del sector público como los del privado, están obligados a presentar en sus empleos el pasaporte Covid-19, que certifique que están vacunados, que han superado la enfermedad en los últimos seis meses o que cuentan con una prueba para detectar el coronavirus con resultado negativo de menos de 48 horas. Si no muestran este certificado, pueden ser multados con entre 600y 1500 euros, además de poder quedar suspendidos de sueldo.
Esta medida, aprobada por el Gobierno para impulsar la campaña de vacunación, ha provocado un repunte inmediato en las inmunizaciones pero también ha provocado protestas.
