Madrid |
En una economía de libre mercado es esencial que las instituciones que lo vigilan sean neutrales y eficaces para evitar juego sucio, subterráneo, pactos inconfesables, acuerdos ventajistas o, incluso, monopolios de hecho que cercenan la libre competencia. Y para que sea limpia todos los actores, todas las empresas, deben estar en igualdad de condiciones.
Para eso se crearon instituciones de vigilancia, como las autoridades de supervisión bancaria, las bursátiles o las comisiones que velan por el correcto funcionamiento de los mercados, que evitan los cárteles ilegales. Por eso, la Comisión de los Mercados y de la Competencia, el organismo español que debe velar por todo esto, como la mujer del César no solo debe ser independiente sino también parecerlo.
En España los políticos, los diferentes Gobiernos, no se han tomado muy en serio eso de la independencia de los organismos públicos. Cada vez que llega un partido político al poder suele hacer limpia y recupera la decimonónica figura del cesante. El Ejecutivo de turno aprovecha la caducidad de los cargos para colocar a los suyos. Es lo que ha ocurrido ahora con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
De los cinco cargos a relevar, la presidenta, el vicepresidente y una consejera son personas cercanas a Moncloa y a la vicepresidenta Nadia Calviño. Los otros dos puestos van para aliados del presidente, un sillón para ERC y otro para En Comú Podem. No es algo nuevo, antes pasaba más o menos igual, aunque quizá disimulaban mejor.
Lo que no se puede disimular es la influencia de los ERTE para frenar el deterioro en el mercado laboral. En mayo la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en 97.000 ocupados. En el último día sobre el primero en 187.000, lo que revela como los sectores económicos han ido incorporando a trabajadores según se han ido reabriendo negocios y recuperando actividades. Casi 460.000 personas han dejado de estar en los ERTE.
Aún así, según la Seguridad Social, todavía hay 3 millones de personas en esa situación, con expedientes de empleo. Ahora, el desafío para el Gobierno es muy claro: establecer las condiciones adecuadas para que estos trabajadores regresen a sus puestos de trabajo y no terminen en las listas del paro, que por cierto, creció en mayo con 26.600 desempleados más.