Los interinos son hoy la gran noticia laboral. Las administraciones públicas españolas han generado tantos interinos como antiguamente, en los tiempos de Galdós, la administración producía cesantes. El Tribunal de Justicia Europeo insiste en que los interinos que llevan muchos años en la administración deben ser considerados indefinidos, como explica el abogado de los afectados, Javier Arauz.
Es una larga lucha. Algunos trabajadores interinos llevan 30 años encadenando puestos de trabajo públicos. Y en España, los interinos no son cuatro. Los trabajadores temporales en el sector público rondan el millón de empleados, el 30% del total. Sindicatos como CSIF amenaza con llevar a los tribunales a aquellas administraciones que superen el 8% de temporalidad.
Hay inflación de interinos en España, y también repunta la inflación por la luz, el sector servicios y algunos alimentos.
La inflación alimentaria se sitúa en el 4,4% a pesar de haberse moderado en tres décimas. La inflación general repunta, y sube al 3,6%. La armonizada está en el 3,8%. La luz se ha encarecido un 14% en el año y el aceite de oliva por primera vez se abarata un 2%, pero en 12 meses ha aumentado un 63%. Desde la OCU se resalta el encarecimiento del coste de la vida en los tres últimos años.
Y es que la fruta sube de precio, en un año un 12%, la carne y el pescado también. Y encima, los carburantes bajan menos que hace doce meses y el alquiler es cada día más prohibitivo. Un punto a destacar, es que el Parlamento ha ratificado por unanimidad la extensión de la suspensión de los desahucios hasta 2028 para las familias vulnerables.
Y tres apuntes rápidos. Primero miramos a la bolsa que ha presentado hoy su tercer peor tarjeta del año con un descenso de casi el 1.60%. La bolsa Moscú ya no acepta dólares y euros por las sanciones. En las bolsas europeas los valores automovilísticos europeos derrapan por los aranceles a China. Wayne Griffits dimite como presidente de la patronal del automóvil y denuncia que el Gobierno hace poco por la electrificación. Y, por último, los acuerdos entre los gobiernos de Madrid y Rabat pueden favorecer la entrada en España de 26.000 conductores marroquíes. Y es que en España faltan camioneros.
