En España siempre se dice aquello de que “más se perdió en Cuba”. Según vamos viendo la letra pequeña y los efectos colaterales, la factura de los pactos de investidura de Pedro Sánchez va a ser compleja, larga y pesada. A este paso vamos a necesitar Inteligencia Artificial para evaluar todas las variables. Más allá de la cuestión judicial y la separación de poderes, un dato económico. El Gobierno modificará la Ley del Tribunal de Cuentas para poder amnistiar a aquellos políticos y funcionarios que desviaron dinero público para el referéndum ilegal y el proceso independentista. Entretanto, la patronal CEOE, asegura que el pacto hará muy difícil el crecimiento y la creación de empleo. Lorenzo Amor señala el riesgo de deterioro de la seguridad jurídica.
La CEOE cree que el pacto ataca la igualdad entre españoles y que es un “grave menoscabo” a la seguridad jurídica. Hablaremos en unos minutos con el Presidente de la CEOE. No solo hay preocupación entre los empresarios, también entre algunos sindicatos y numerosas asociaciones profesionales.
Prácticamente todas las asociaciones de altos funcionarios del Estado critican el acuerdo y recuerdan los artículos de la Constitución que defienden la igualdad entre españoles, o el 41 que contempla la gestión única y unitaria de la Seguridad Social ante la cesión del régimen económico del sistema de pensiones al País Vasco. Es algo que rechazan interventores, auditores, inspectores, médicos de la Seguridad Social y otras asociaciones. Desde el sindicato CSIF, su presidente Miguel Borra, alerta de tratos desiguales, de ruptura de equidad en los servicios públicos y califica de desatino el pacto.
La Fundación de Economía Aplicada anuncia que el déficit de las CCAA será más alto de lo que prevé el Gobierno, casi 30 mil millones más. Y explican que con el rescate del Estado de algunas autonomías, como Cataluña, se reducen los incentivos para tener una buena gestión.
Los empleados públicos de País Vasco y Navarra podrían cobrar un salario mayor que en el resto de las CCAA. Además, sus gobiernos tendrían mayor margen para incrementar sus plantillas frente al resto de las regiones con una mayor capacidad en la tasa de reposición de los funcionarios.
Para empezar el Gobierno quiere retocar, endurecer, el subsidio de desempleo, los 480 euros que cobran 800.000 trabajadores en paro que ya no cuentan con la prestación por desempleo. Dos tercios de estos trabajadores son mayores de 50 años y la mayoría mujeres. La UGT por su lado quiere recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en el despido improcedente. Y CEPSA le ha lanzado el arpón a Ballenoil. Esto es caza mayor en el negocio de las estaciones de Servicio. Cepsa se hace con 220 gasolineras de bajo coste.
