El Gobierno ha descubierto el Mediterráneo, ha descubierto el paro en Andalucía. Y lo hace a pocos días de las elecciones en esa Comunidad Autónoma, a solo tres días del inicio de la campaña electoral. Cosas de la política y de la proyección que muestran las encuestas. El Gobierno siempre ha repetido que nunca utilizaría de forma partidista el Consejo de Ministros. Hoy ha aprobado un Plan de Empleo especial para Andalucía, como hace unos meses aprobó el PERTE Agroindustrial justo cinco días antes de los comicios en Castilla y León.
El aprovechamiento del BOE por el Gobierno recuerda a tiempos pretéritos, cuando el Ejecutivo de turno, justo antes de las urnas, se mellaban las tijeras de tanto cortar cintas de inauguración y se agotaban las primeras piedras en cualquier obra pública. Hasta que lo prohibió la Junta Electoral se inauguró más de una rotonda y hasta paradas de autobús. Por cierto, la Junto aprobaba un aval de 15 millones para las gasolineras en vigor durante un año.
El paro en Andalucía es diferencial, normalmente es más alto que en el resto de España. Ahora en el 19% frente al 13% de la media nacional. Las razones son estructurales y es difícil resolver el problema con planes especiales, dirigidos, de apenas 50 millones de euros, sospechosamente oportunos en el tiempo, un tiempo marcado por el calendario electoral.
En el mundo de la economía lo más destacado es el estudio del Banco de España sobre una hipotética interrupción del suministro de energía desde Rusia hacia la UE. En este caso, el Banco de España calcula que nuestro país podría perder hasta un 1,4% del PIB. Pero si hay una ruptura total de relaciones comerciales el recorte a la economía española podría rozar el 2%.. Y España no es de lo que peor parados salen. La cosa es peor en Alemania, Italia o Francia. En la Unión Europea el deterioro superaría el 4%.
A la vez, tras las sanciones a Rusia, el petróleo supera los 120 dólares el barril, la gasolina supera los 2 euros el litro y el aumento del Euribor puede suponer un sobrecoste en el pago de la hipoteca de unos 1000 euros.
Y se aprueba la Ley de Defensa de la Clientela. Las quejas e incidencias se deben resolver en dos semanas y si hay una reclamación no se puede cortar el suministro. Además, el tiempo de espera en una llamada telefónica no podrá superar los 3 minutos.
