La huelga del Transporte se ha convertido en una cuestión de Estado, entre otras cosas por la doble táctica del Gobierno de ningunear y criminalizar a la Plataforma convocante del paro y por otra por la obsesión de retrasar los pactos a después de la cumbre europea. Un retraso que busca financiación comunitaria a las soluciones de chequera y la búsqueda de un protagonismo en Europa que está costando miles de millones de euros en pérdidas en el tejido productivo.
El país puede parar, así lo reconocía en Onda Cero, en Más de uno, el presidente del Comité Nacional de Transportes, Carmelo González, y esta es la organización que ha firmado el acuerdo con el Gobierno. La patronal de la gran distribución, la de los hipermercados y centros comerciales ha elevado el tono ante el riesgo evidente de desabastecimiento, al igual que la construcción, las obras peligran, pero es que mañana puede parar Danone, ante la falta de producto. Entretanto los ganaderos ven como sus animales pasan hambre porque no llega el pienso y los grandes puertos están bloqueados, como el de Barcelona.
El Gobierno ha sido torpe, pero la Plataforma de Defensa del transportista autónomo también debería reflexionar sobre las necesidades y la conveniencia de unos servicios mínimos y de levantar los bloqueos que tienen a centenares de camiones arrumbados en las cunetas y los polígonos industriales y logísticos. Un país más pobre no les va a solucionar su papeleta. Frente a la negación se debe imponer la negociación. La flexibilización de los periodos de descanso y de conducción decretada hoy por el Gobierno es un reconocimiento indirecto del impacto del paro en todo en el entramado logístico
Un país más pobre no les va a solucionar su papeleta
A la vez, Pedo Sánchez y la vicepresidenta Teresa Ribera se reúnen con los máximos directivos de las principales energéticas españolas. Por ahora no habrá nuevos impuestos a estas compañías como reclama Yolanda Díaz, pero sí se les reclama que arrimen el hombro. De Bruselas llegan noticias. Mañana la Comisión Europea propondrá establecer topes al precio del gas y de la electricidad ante el enquistamiento de la crisis energética. La idea es mitigar los costes y más en pleno enfrentamiento con Rusia. España, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Polonia y Grecia demandan medidas urgentes.
Y para terminar la contradicción del momento. En España solo hay un pozo de gas en explotación. Está en La Rioja. El Gobierno analiza, con muchas dudas, permitir la exploración en la zona para abrir un segundo pozo. Pero claro la Ley de Cambio Climático prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos. Y el caso es que según el Colegio de Geólogos nuestro país cuenta en el subsuelo con reservas de gas para 70 años de consumo. Para estudiar.
