Estamos a menos de un mes de las elecciones y hoy hemos tenido un Consejo de ministros escoba. Barriendo, barriendo hacia las elecciones. Estamos con los decretos ómnibus, estas son las normas que van recogiendo lo que quedó descolgado o de última hora, como si fuera el bus nocturno. Pues bien, con este ómnibus el PSOE ha chocado con Sumar por la política de vivienda. Están molestos los de Yolanda Diaz por la decisión de Calviño de eliminar la renovación automática del alquiler. Alejandra Jacinto dice en las redes sociales que esta decisión de la parte socialista del Gobierno “causará estragos en miles de personas que viven de alquiler”. La vicepresidenta Nadia Calviño no se da por aludida.
Lo que si se prorroga es la prohibición de los desahucios para los vulnerables. También la nueva regulación de los coches con conductor ante la jurisprudencia europea. El Taxi es considerado de interés público y se da herramientas a las Comunidades para limitar, racionar, las licencias VTC.
Tras esto, los taxistas han suspendido las manifestaciones previstas para pasado mañana. Además, también se extiende, como estaba previsto, la rebaja del IVA a los alimentos básicos. Las cofradías de pesca protestan ante el olvido, otra vez, de la rebaja del IVA al pescado.
Hay medidas, que afectan también al transporte y a la compra de viviendas. Se aprueban avales del ICO para la compra de casas con préstamo hipotecario, para jóvenes y familias con menores. Se mantiene la bonificación en el transporte público y salta la sorpresa en la subvención al gasóleo, que a partir de septiembre se rebaja a 5 céntimos el litro. Se establecen desgravaciones en el IRPF para quien compre un coche eléctrico con planes para extender la red de recarga, como señalaba en el Foro de La Razón, el ministro de industria, Héctor Gómez. También los sindicatos están molestos con el Gobierno al retrasar las cotizaciones sociales de los becarios.
Se aprueba el permiso remunerado de cinco días al año para cuidar familiares y se impone el olvido oncológico a partir de los cinco años tras superar la enfermedad. Algo fundamental para acceder a seguros y préstamos. El gasto en pensiones aumenta un 11% y se acerca a los 12.000 millones de euros al mes. Los inspectores de trabajo suspenden
