Un viernes víspera del Puente de la Inmaculada, con más de 8 millones de desplazamientos, es el día elegido por Hacienda para enviar a las Comunidades Autónomas su propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica.
El actual modelo está caducado desde 2014 y no ha habido voluntad para renovarlo. Haciendo memoria, el actual sistema de financiación se aprobó por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con mucha oposición, para sustituir al anterior modelo que sí se había consensuado por todas las CCAA. El de Zapatero hizo aguas prácticamente desde su puesta en marcha, con acusaciones de haber favorecido a la Generalitat de Cataluña que presidía Maragall, la del tripartito. Al final, todo el mundo ha terminado renegando y quejándose del sistema.
Como apuntaba Pedro Solbes, un sistema de financiación es más complicado que el más complejo de los Sudoku. Hay que armonizar infinidad de situaciones e intereses dispares. La Constitución ordena que la financiación de los servicios públicos tenga en cuenta la población. Pero claro, antes del reparto de los dineros hay que establecer qué es población ajustada. Y para calcular esta población ajustada hay que introducir parámetros como el envejecimiento, porque una persona mayor supone más gasto sanitario. O la despoblación y dispersión, las ambulancias hacen más kilómetros, y llevar a los niños al colegio es más costoso.
La propuesta de Hacienda tiene en cuenta la despoblación y la insularidad. El mar siempre es una barrera. También tiene más peso la educación y la sanidad. Por ejemplo, la sanidad supone el 38% del gasto y se quiere elevar a entre el 40 y el 45%. La educación supone el 20% y podría subir hasta el 30%. Unas horquillas que parecen peineta y que habrá que ajustar. Porque si estiras mucho la manta hacia arriba los pies se quedan al aire. Ahora las CCAA deberán elevar, a su vez, sus ideas. Después habrá que negociar y llevará meses.
A todo esto se han conformado varios bloques. El más activo el de las Comunidades más despobladas: Galicia, Asturias, las dos Castillas, Cantabria, La Rioja, Aragón y Extremadura. Después están las autonomías del Mediterráneo: Andalucía, Valencia y Murcia. A esto se suman los dos archipiélagos y por último las dos Comunidades con aportación neta, que ponen mucho más de lo que reciben: Cataluña y sobre todo Madrid.
A la financiación hay que sumar hoy la nueva Ley de Empleo que busca transformar el Servicio Público de Empleo en una agencia más ágil y eficiente en la búsqueda de trabajo para los parados. Y está el temor de los comerciantes a la inflación. Temen que la subida de precios recorte sus ventas en Navidad. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central afirma que el máximo de la inflación ya ha pasado y que no subirá próximamente los tipos de interés.
