Habrá que jurar que esto también ocurrió. Porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es consumar la amnistía encubierta de los condenados por los ERE.
Este es Manuel Chaves que se siente completamente redimido y se declara víctima de una persecución política después de que el Constitucional anulara su condena y la de José Antonio Griñán por su responsabilidad en el mayor caso de corrupción de la historia de España.
El caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España, donde se repartieron de manera clientelar y opaca casi 680 millones de euros a lo largo de una década por parte de la Administración andaluza, queda así reducido a su mínima, gracias al voto de una mayoría de 7 magistrado, no todos jueces, nombrados por el Partido Socialista.
De ahí que sea preciso hablar de una amnistía encubierta. Porque el Tribunal Constitucional no es poder judicial, no es un tribunal jurisdiccional, no es una corte de casación y no puede interpretar tipos penales porque es un órgano de extracción política. Lo que ha hecho es usurpar las funciones del Supremo para poder borrar los delitos de Chaves, Griñán y compañía.
Así tenía que ser para que una parte del PSOE aceptara la amnistía de los del procés. ¿Cómo iba a seguir condenado Griñán mientras que a Puigdemont le ahorraban incluso el trámite de ser juzgado? Pues así, mediante un enjuague que obliga preguntarse qué tribunal tendría que desaparecer… si el Supremo o el Constitucional, porque ambos no puede convivir en estas circunstancias.
Hace un mes que les venimos adelantando, no sólo lo que el Constitucional decidirá respecto de Griñan, Chaves y la cúpula de los ERE, sino cuál sería el la mayoría resultante. 7 a 4. ¿Y cómo es que podíamos saberlo hace un mes? ¿Tenemos el don de la clarividencia? No, porque no era necesaria la deliberación, la decisión estaba tomada de antemano, una decisión política por parte de un órgano político formado por unos magistrados que amnistían a políticos del partidos que los nombró.
Dentro de unas horas se producirá la esperada cita. Se llama plan de regeneración y es en realidad la batería de medidas contra los medios de comunicación con las que Pedro Sánchez lleva amenazando desde que enviara una carta a los españoles y se retirara meditar durante unos días, consciente de que su esposa acababa de ser imputada por un juez.
No es el día más propicio este para ponerse a debatir sobre la ley mordaza. Ya saben, por eso de los marcos políticos y el criterio de oportunidad. Pero también porque parece que los tiempos están más por la restricción de las libertades que por la expansión de las libertades. Por eso la vicepresidenta testimonial Yolanda Díaz ha tenido que ser gravemente desautorizada cuando anunció esto en un exceso de entusiasmo en el Congreso de los Diputados.
Es que en primer lugar la ley mordaza es el nombre propagandístico con el que el PSOE la bautizó cuando estaba en contra de ella, pero la ley se llama de Seguridad ciudadano. Es decir, que no se puede ser derogada sin más, porque eso provocaría la inmediata desprotección. Lo que sí se puede es reformar la ley y es verdad que, no en esta legislatura, sino desde la primera campaña a la que se presentó Pedro Sánchez la reforma de la ley mordaza es una promesa electoral del PSOE y ha estado en los acuerdos de coalición, primero con Podemos y ahora con Sumar.
Lo que pasa es que la relación de Sánchez con la ley mordaza ha cambiado mucho, porque ha pasado de considerarla poco menos que la vanguardia de un nuevo autoritarismo a convertirla en su instrumento represivo favorito durante la pandemia. Nadie la ha aplicado con tanto celo y rigor. Exploró hasta sus más recónditas posibilidades en la pandemia y exprimió hasta sus disposiciones más marginales.
La cuestión es que hoy es otro mal día en el trabajo para Yolanda Díaz, porque ha vuelto a ser desautorizada, esta vez por su inmediata superior jerárquica, María Jesús Montero.
No parece que Yolanda Díaz tenga ganas de revolverse contra la dura realidad. Enrique Santiago ha tenido que volver a ser quien le ponga voz a la resignación de Sumar.
Son este tipo de episodios los que terminan por arruinar el escaso crédito que tiene Sumar, porque desnudan su falta de autonomía política y su falta de liderazgo. Y encima hoy la archienemiga Irene Montero ha tenido su cuota de lucimiento. Ha tenido la oportunidad de ser derrotada por Roberta Metsola en la elección de la presidencia del Parlamento Europeo y eso al menos te regala un cierto protagonismo y transmite la sensación de que ahí sigues haciendo una política disparatada pero atrevida y eso hace mucho daño a lo que queda de Sumar.
Ahora pretenderán convertir esto de la reforma de la ley mordaza en una especie de regalo para la prensa, a la que le permitirán filmar a los policías en las manifestaciones pero tratarán de impedir que informen de las relaciones temerarias de la esposa de Pedro Sánchez o las prebendas laborales de su hermano. Porque de eso se trata lo de mañana.
Seguro que Sánchez presenta alguna medida sobre transparencia en la propiedad de medios o sobre la publicidad institucional. Pero no demasiado ambicioso… porque eso afectaría a «los intereses propios». Claro… Piensen… si van a tocar la sobrefinanciación pública de algunos medios digitales… ¿Qué hacemos con Cataluña… donde el independentismo sostienen auténticos sótanos digitales con el dopaje público para ponerlos al servicio del procés?
Y si hablamos de seudomedios digitales que actúan como la máquina del fango. Acaso el PSOE no tiene medios digitales trufados de excargos para que cuelguen de ahí verdaderas difamaciones a los jueces o a los rivales políticos y que luego cargos socialistas tuitean y utilizan en foros públicos como si fueran informaciones fetén…
No. Pedro Sánchez hará una exposición agresiva para que parezca que algo hace y esto no es una tormenta en un vaso de agua…. pero… pero…. de lo que en realidad se trata es de instalar en España una atmósfera de incredulidad. ¿Igual que Trump? Igualito que Trump. Para que nadie se crea que las informaciones que señalan las relaciones temerarias de su esposa son veraces. Y son veraces. Nada es verdad, así que creánse mejor mis mentiras. Esa es la filosofía.
Lo cierto es que quien ha ofrecido la información más comprometedora ha sido el empresario Carlos Barrabés y no ningún medio, y ante el juez y como testigo, que no puede mentir. Había una relación fluida y directa con el empresario que patrocinaba el máster de Begoña Gómez. Y a domicilio, porque acudió a la Moncloa a reunirse con ella a solas 8 veces y con ella y el presidente en dos ocasiones.
Y por cierto… ¿Dónde está la fiscalía anticorrupción? ¿Nadie se lo preguntaba? Porque la fiscalía anticorrupción fue de una diligencia fabulosa cuando se presentaron los primeros indicios de trato de favor en el caso de Iñaki Urdangarín. ¿Y ahora? ¿En qué está ocupada para no prestar atención a estas evidencias? A ver si es verdad que no todos somos iguales ante la ley y no es lo mismo ser el esposo de una infanta que la esposa de un presidente.
