Ahora les contamos el lío del Constitucional que continúa con su desmontaje de la sentencia de los ERE, en pos de la amnistía encubierta de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves.
Pero no sé por qué nos maliciamos que ha causado más interés cuáles son los trámites que hay en esta nueva burocracia del porno. Es que el Gobierno, en una decisión sin duda arriesgada, ha decidido ponerse a legislatura sobre lo más íntimo con el objetivo de evitar que los menores accedan a contenidos inadecuados en la red.
Lo ha explicado con encomiable esfuerzo pedagógico el ministro José Luis Escrivá. Seguramente que andaba pensando Escrivá que era mucho más fácil explicar la reforma de las pensiones y la sustitución del factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que esto que algunos malvados en la red ya han bautizado como el pajaporte.
¿Por qué Escrivá le pide un esfuerzo a los adultos? Porque van a tener que pasar por la aduana digital si quieren ver porno. El Gobierno expedirá un certificado. Así que quien quiera acceder a estos contenidos para adultos tendrá que descargarse una app. Al llegar a la página, pedirá un código QR. ¿Y? Esta burocracia que seguramente provocará un florecimiento del negocio de los kioskos… ¿Quién sabe si resucitará el videoclub?… Lo ha provocado más especulación es el carácter limitado y temporal de los permisos. 30 accesos durante 30 días. Y qué pasa si en un mes de cierto frenesí se gastan los permisos. Pues habría que pedir más.
El objetivo como les decimos es impedir el acceso de los menores a los contenidos inadecuados y el Gobierno asegura la estricta privacidad del usuario de la aplicación. Claro que el ministro para la Transformación Digital ya sabrá que la vida se abre paso y que si los chavales son capaces de montar un servidor VPN y acceder a través de un proxy para ver el fútbol… qué no harán para ver otras cosas… en fin veremos qué tal funciona el asunto. Esperemos que mejor que la cita previa de la Seguridad Social.
Quizás quien con más esfuerzo está trabajando por el descrédito del Constitucional sea el propio Constitucional. Claro que el Gobierno hizo su inestimable contribución cuando nombró magistrado al ministro de Justicia de Sánchez y a un alto cargo de la Moncloa. Lo que está haciendo el Constitucional es un paciente desmontaje de la sentencia penal de los ERE, que tendrá como corolario la amnistía encubierta de José Antonio Griñán.
Ahora dice que se ha vulnerado «el derecho a la legalidad penal y la presunción de inocencia» del director general de la Agencia IDEA que es el organismo que guardaba y distribuía el dinero con el que se pagaron los ERE fraudulentos.
Lo que ha hecho el Constitucional es anular la pena de prisión por malversación de Miguel Ángel Serrano, el primer preso del caso ERE, al que la Audiencia de Sevilla ha ordenado dejar en libertad.
¿Cómo es posible que el Constitucional se erija en Tribunal de Casación del Supremo? Si el Constitucional no es un tribunal jurisdiccional… esa es la gran cuestión, que esta borrando los delitos de los condenados del partido que nombró a la mayoría de los magistrados.
Verán ustedes como la misma doctrina se le aplica dentro de dos semanas a José Antonio Griñán y verán cómo su condena queda anulada.
Cuando esta mañana, Alberto Núñez Feijóo respondía en Más de Uno a las preguntas de Carlos Alsina, todavía no se conocía esta decisión concreta pero ya era evidente la voluntad de la mayoría del Constitucional de enmendar al Supremo y eliminar los delitos cometidos por los dirigentes del PSOE andaluz. De hecho, las declaraciones de Feijóo que han provocado un enorme revuelo se refieren en realidad a un posible recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
En la reacción del Gobierno a estas declaraciones es donde se percibe cuál es la raíz de la perversión del Constitucional. Es que la portavoz del Gobierno, nada menos que la portavoz del Gobierno, se refiere al Constitucional como Poder Judicial. Pero si es un órgano político. Claro, seguramente quiera hacer creer que el máximo órgano jurisdiccional del país no es el Supremo sino el Constitucional y de esa confusión parte la perversión de que el Constitucional actúe como un tribunal de casación del Supremo.
Uno de los miembros del Constitucional es Juan Carlos Campos. Pasó directamente del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional. Probablemente llegue a su mesa un recurso contra la amnistía. Él ya se expresó sobre la amnistía cuando era ministro de Justicia y dijo que su gobierno jamás la aprobaría porque se trataba de una medida inconstitucional. Si ahora Campo considerara que esa medida es perfectamente constitucional… será porque su criterio no es jurídico sino que responde a los intereses de quien le ha nombrado. El mismo Gobierno que juró que no aprobaría la amnistía y terminó remitiéndola al Congreso de los Diputados.
Ese Gobierno sí que vulnera la independencia judicial cuando asegura que los jueces no pueden interpretar las leyes y tiene que prevalecer sobre el marco jurídico la voluntad del legislador.
Eso dice el Gobierno, después de que se conociera que el Supremo no aplicará la amnistía a Carles Puigdemont. Cuando la voluntad del legislador prevalece sobre el marco jurídico es porque reina la más absoluta arbitrariedad que es lo que viene a consagrar una ley que pretende reescribir los tipos penales para procurara impunidad a un socio parlamentario a cambio de sus votos.
Nada corroe tanto a la administración de Justicia como la arbitrariedad. Nada. No hay sustancia más corrosiva que la arbitrariedad.
