No es casual que el que sobra en el PSOE sea el único con mayoría absoluta. Desde hace tiempo son los socialistas que obtuvieron más apoyo popular los que se convirtieron en sospechosos. Y en el blanco de las acusaciones de disidencia por parte de quienes tienen que traicionarse cada semana para mantener al PSOE como una minoría suficiente con todo tipo de socios radicales.
La guerra contra Emiliano García Page es abierta y no sólo por estas palabras en las que el presidente de Castilla La Mancha situaba al PSOE en el extrarradio de la Constitución por su pactos con un prófugo de la Justicia.
Era habitual que los dirigentes socialistas expresen en privado sus diferencias con Page, alguna escaramuza pública… ¿pero lo de hoy?… Nunca se había enfrentado a una andanada semejante de los dirigentes de Ferraz y de algún ministro del Gobierno, como el verdadero portavoz, que es Óscar Puente, un hombre que está dispuesto a llegar donde no todos llegan y a defender cualquier cosa y su contrario, eso sí, siempre con vehemencia y formas pendencieras.
Les decía que el problema no era sólo la ubicación que del PSOE hace Page, en el extrarradio. Es que además ha dolido mucho la entente forjada hoy mismo en FITUR con tres muy relevantes barones populares. Las imágenes son muy elocuentes pero también las demandas de financiación de cuatros comunidades que consideran que se ha instaurado un régimen sangrante de desigualdad en España. Page, Moreno, Mazón y López Miras… CLM, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia para reclamar al Gobierno tres mil millones de infrafinanciación.
La mayor desigualdad sigue siendo la amnistía, porque establece dos clases de ciudadanos
Claro que la mayor desigualdad sigue siendo la amnistía, porque establece dos clases de ciudadanos: los que pueden delinquir sin consecuencias y los que no. Lo útil sería que el Gobierno publicara la lista o que en una tercera enmienda declare en la ley de amnistía la inviolabilidad de Carles Puigdemont. Eso le ahorraría todo este bochorno a gente como Félix Bolaños, defensor del concepto terrorismo respetuoso de los derechos humanos.
Lo que a Bolaños le parezca es algo perfectamente irrelevante. Aquí lo sustancial es que el PSOE está escribiendo a medias con los delincuentes una impunidad a su medida y al ritmo de las decisiones de los jueces que los persiguen. Resulta que hay una malversación aceptable, una sedición aceptable, una fuga aceptable y hasta un terrorismo aceptable. Curiosamente cualquier delito ya es aceptable si el que lo comete es un socio del Gobierno. Alguien que permite con sus votos que Pedro Sánchez sea presidente. Por eso hay que repetir una y mil veces, todas las que haga falta, que la ley de amnistía es corrupción política, porque canjea impunidad por apoyo parlamentario. Y no, no hay corrupción aceptable.
De hecho, Emiliano García Page se quedó cortísimo. No se puede escribir una ley no sólo a medida del delincuente sino a medias con el delincuente. Ese es un acto de corrupción política y es lo que está haciendo este gobierno.
La portavoz adjunta del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha intervenido este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso para pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria en la que comparezca Pedro Sánchez en Pleno y de cuenta de sus pactos con los separatistas.
Ha habido otra conjura regional además de la de IFEMA. Alberto Núñez Feijóo ha presentado una confederación de comunidades populares por la educación. A ver si lo explicamos. El contexto. Se ha ido a León a hablar de educación, porque allí el PP puede exhibir la gestión del Gobierno de Mañueco. Y es verdad que el informe PISA, tan devastador para España, ofrece sin embargo unos datos espectaculares, nórdicos, en Castilla y León. Ayer hablábamos aquí de ello con Alfonso Fernández Mañueco.
Lo que ha hecho Feijóo es recuperar una idea denostada por los pedagogos de referencia del PSOE
Lo que ha hecho Feijóo es recuperar una idea denostada por los pedagogos de referencia del PSOE, que es una reválida nacional. Un mismo examen que evalúe en igualdad de condiciones a todos los alumnos españoles. Es útil, porque permite hacer un diagnóstico más fino del estado de la educación y es más justo, porque todo esos alumnos acceden al mismo sistema universitario y resulta injusto que un examen que cuenta para la nota de corte sea más fácil para los que viven en un sitio y en otro. Pero ya se sabe que la igualdad provoca urticaria en quienes luego se dicen defensores de la igualdad.
Como Feijóo no es presidente del Gobierno recurre a su poder territorial para implantar una Selectividad común para las 11 comunidades gobernadas por el PP. Que es casi casi una selectividad nacional. El Ministerio de Educación pondrá todo tipo de obstáculo, de hecho por el momento sólo ha presentado objeciones todo tipo.
Algo más, al portavoz parlamentario del PP y hombre de confianza de estricta confianza de Feijóo, Miguel Tellado, le han preguntado en RNE por las palabras de Esteban González Pons de ayer, en las que decía que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho. Luego Pons rectificaba los términos concretos de la comparación pero no el fondo de su declaración. Y por las palabras de Miguel Tellado se confirma que el PP está de acuerdo en que es desafortunado comparar al Constitucional con el cáncer, pero no porque se fíen de la independencia de los magistrados sino por no hacer daño a los enfermos de cáncer.