¿Cómo puede un socialista manchego, asturiano o andaluz celebrar el privilegio fiscal de Cataluña? Pues miren, para que nadie en el PSOE tenga la tentación siquiera de preguntárselo, Pedro Sánchez ha convocado el Congreso de la intimidación, que se celebrará en noviembre. Una cita para renovar las estructuras regionales del partido.
Esto es para silenciar cualquier foco de disidencia. Porque lo normal es que esa disidencia aflore con toda su fuerza. Un socialista añejo como Josep Borrell, no un antisanchista precisamente, escribió un libro luminoso para desmontar los mitos del nacionalismo catalán y uno de sus capítulos más certeros es el que se refiere al mito del expolio fiscal. El libro se titula 'Los cuentos y las cuentas de la independencia'. Yo ahora le ofrezco una consejo editorial para una secuela titulada 'Los cuentos y las cuentas del falso federalismo'.
Esther Peña, portavoz de Ferraz, decía hoy en una declaración de una pereza que parece que ni siquiera ha regresado de vacaciones que la amenaza para la igualdad de los españoles es que Madrid haga uso de la autonomía fiscal que tiene cualquier comunidad del régimen común y no que Cataluña vaya a recaudar todos los impuestos para luego negociar con el Gobierno una cuota de solidaridad. Como si en el resto de España la financiación autonómica fuera la hucha del Domund y no la justa distribución de los recursos de un país.
Estos son los cuentos, ahora las cuentas. Madrid tienen una contribución neta al sistema de 7.500 millone, Cataluña de unos 2.000 y Baleares de unos 1.000 millones. El resto de comunidades autónomas reciben más de lo que ingresan. Esto es tan sencillo como que si Cataluña recibe más recursos o limita su solidaridad, aporta menos, y el resto de las comunidades reciben menos para sus servicios públicos. Como dice Borrell: “Con ese acuerdo se asume post mortem el relato del procés y un cambio de paradigma en el sistema de financiación”
¿Esto pone fin al procés? Bueno, de hecho si esto lo hubiera asumido Rajoy en aquel infausto día de 2012 en que Artur Mas fue a visitarlo para plantearle el chantaje, es muy probable que el procés no hubiera comenzado siquiera. Pero Rajoy y cualquiera en sus cabales, incluidos todos los socialistas, convenían que la igualdad de los españoles era un precio excesivo. Hoy ya ven, como dice Josep Borrell, "es un salto hacia la soberanía fiscal de Cataluña. Seguimos haciendo cambios estructurales del modelo de Estado en función de las coyunturas electorales”.
Así comienza la nueva temporada radiofónica y el nuevo curso político. Con el debate sobre la igualdad de los españoles y la financiación singular de Cataluña que el Gobierno no quiere llamar concierto ni cupo. ¿Cómo se le puede llamar al acuerdo por el que una comunidad recauda todos los impuestos y luego negocia de manera bilateral con el gobierno de la nación qué cuota aporta a la caja común? Yo tengo una humilde aportación. Si no lo quieren llamar concierto que lo llamen recital. Que igual es hasta más preciso. Ya sabes que no son sinónimos. Recital es un buen término.
Bien, el recital está provocando los primero conatos de disidencia en el PSOE y una fuga demoscópica apreciable en cualquiera de las encuestas que se publican estos días. Se entiende que los españoles no están demasiado contentos con el hecho de que la financiación de sus servicios públicos y su modelo de Estado la decida en asamblea un partido independentista.
Hoy se publican varias, todas reflejan que se ensancha la distancia entre el Partido Popular y el PSOE. Apuntan otras claves. Todo lo que deja de perder el PSOE es porque desangra a Sumar hasta dejarlo anémico. O sea que sería imposible la reedición de un nuevo pacto de coalición. También merece análisis todo lo que Alvise le roba a Vox.
Hoy para analizar la actualidad política del arranque del curso político, ha estado en Más de Uno con Carlos Alsina el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Ha hablado, claro, de la conjura de los barones populares contra el concierto económico en Cataluña.
Feijóo preside un partido con once presidente autonómicos. Eso significa que hay una colusión de intereses pero también a veces una colisión de intereses, y sobre todo la tentación de tratar de resolver los asuntos particulares de sus comunidades mediante una negociación del Estado.
Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene una deuda importante con el FLA. No sería descabellado pensar que Carlos Mazón estuviera de acuerdo en que el Estado condonara una parte de la deuda aunque la principal privilegiada por la medida fuera otra vez Cataluña. De ahí que sea muy pertinente preguntarle, como ha hecho Alsina, por cuál es la cohesión interna del PP respecto de la financiación autonómica.
Y luego está el gran asunto. Que es el gran asunto, no nacional sino continental, que es la inmigración. Sobre lo de la inmigración, ya los partidos de Estado, también de izquierda, han ido asumiendo que hay un abismo tal entre el discurso oficial y la percepción social, que urge ocuparse de él.
Fue Olaf Scholz, canciller socialdemócrata, el que rompió el tabú de hablar de deportaciones masivas. Mucho antes de que Sánchez asumiera la necesidad de la expulsión de ilegales. Quizás porque sabía lo que estaba ocurriendo y las corrientes subterráneas que han terminado emergiendo como un geiser en las elecciones de ayer en Alemania.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de la extrema derecha ganas unas elecciones. El AFD es un partido tan radical que fue expulsado por Giorgia Meloni de su grupo en el Europarlamento. Es la expresión de un descontento que recorre cada convocatoria electoral de las democracias occidentales. Porque tan dañino es el populismo desenfrenado en el tema de la inmigración, como la pura ingenuidad, porque tras lo segundo siempre termina llegado lo primero.
Ahora que hablamos de solidaridad interterritorial y de la debida atención que merecen las regiones españolas, hay una con sólidas razones para considerarse lejana, no sólo geográficamente, de los centros de poder y de los discursos oficiales. Hablamos de Canarias. Canarias amenaza con llevar al Gobierno central a los tribunales por la presión migratoria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado esta mañana que el Consejo de Gobierno autonómico debatirá este lunes acudir a los tribunales contra el Ejecutivo central con el objetivo de dirimir las responsabilidades en la atención a los menores migrantes.
