Los hechos acontecieron entre 1997 y 2000. Ya ven cuáles son las diligencias de la Justicia en España. Han pasado 27 años hasta que una sentencia ha culminado el largo proceso. Esa sentencia condena a diez años de cárcel a Eduardo Zaplana, un político de larguísima carrera regional y nacional al que siempre ha acompañado el rumor de la corrupción. Pero el rumor no es nada. Ni siquiera es una información. La información aun ha de constituir un indicio y el indicio ha de ser elevado a prueba por un juez. Y aún cabe recurso, al menos en este caso.
Las pruebas que sustentan la condena de Zaplana demuestran que cobró comisiones ilegales y blanqueó más de 16 millones de euros. Zaplana ha sido condenado como autor de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.
La Sala también le impone 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros tres para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.
La política a veces depara estos contrastes maravillosos. Es que se avecina un espectáculo de los que marcan una época. Antes de nada, échenle un oído a esta estampa histórica: es febrero de 2020, Ábalos lleva once versiones distintas sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España, la oposición corea ¡dimisión, dimisión! y la bancada socialista se levanta en pleno para aplaudir a su secretario de Organización, en una performance que jamás es espontánea.
Algunos de los de entonces ya no están en esa bancada pero en lo sustancial son lo mismo y son los que ahora votarán en un suplicatorio a favor de la imputación de Ábalos por parte del Supremo. Será el apestado al que sacrificar con escarnio para evitar males mayores. La estampa será de época y suponemos que Ábalos, entonces, dejará de sentir ningún tipo de compromiso siquiera afectivo con el partido en el que militó y con los compañeros socialistas.
Los engranajes de la imputación ya se han activado. El Congreso ya ha respondido al trámite del juez Ismael Moreno: Ábalos es diputado. Lo confirma un certificado remitido al Consejo General del Poder Judicial. Ahora se elevará la exposición razonada y si el Supremo quiere imputarlo, y querrá hacerlo, cursará un suplicatorio y habrá una votación en el Congreso. Si la información que hoy publica 'El Español' está en lo cierto, y eso parece, el PSOE votará a favor del suplicatorio de Ábalos igual que antes le aplaudió con toda la bancada en pie por su gestión del viaje de Delcy a España.
De entonces a hoy, prevalecen las once versiones y sólo se sabe que ninguna de ellas es cierta, porque cuando alguien necesita inventarse once versiones de un mismo hecho es que la verdad es inconfesable. Lo que urge es que establezcan de una vez cuál es la mentira oficial, la de uso común, para evitarnos el espectáculo de ver a los portavoces picoteando de las once versiones de una forma un tanto azarosa cada vez que les preguntan.
Como medida provisional, al menos cada portavoz debería elegir una e ir con ella hasta el final, porque si oír a varios portavoces contradiciéndose entre sí ya representa un espectáculo poco edificante, advertir como uno de ellos se contradice de un día para otro resulta bochornoso.
¿Se acuerdan de que la portavoz Pilar Alegría se agarró el otro día al convenio aeronáutico para decir que la tripulación del avión de Delcy había hecho un largo viaje y que después de tantas horas de vuelo tuvieron que hacer una parada técnica en Barajas antes de proseguir su camino hacia Estambul? Pues hoy ha cambiado, hoy toca la versión de la crisis diplomática y la visita que no se realizó.
¿De verdad los socios que sostienen este Gobierno no tienen curiosidad por saber lo que ocurrió aquella noche en Barajas? Este tipo de preguntas retóricas parte de un equívoco: que la moción de censura que llevó a Sánchez a la investidura triunfó porque creían que la corrupción popular era ya insoportable. Nada de eso. Sánchez la planteó porque quería ser presidente y sus socios la votaron porque sabían que sería capaz de cualquier cosa para ser presidente.
Esa es la lógica con la que hay que analizar siempre al sanchismo. Cuánto más débil, más propenso es a desangrar al Estado y más útil resulta a unos socios cuya única política común es debilitar al Estado.
De ahí que no haya que descartar que Sánchez consiga aprobar los Presupuestos, que es el único hilo de vida política al que aferrarse y entregará lo que sea necesario. Esto Junts lo sabe y por eso sus declaraciones hay que oírlas como si estuvieran tomando posiciones para una negociación. A eso responde esta advertencia de Laura Borrás. Ha comenzado la subasta.
Ya les decíamos que los Presupuestos son de facto una moción de confianza y aquí es donde entra lo de Elías Bendodo. A puerta cerrada y sin saber que estaba siendo grabado y escuchado, Elías Bendodo ha reconocido que "es muy posible" que el gobierno de Pedro Sánchez saque adelante los Presupuestos Generales del Estado previstos para el 2025.
En la grabación, captada por las cámaras de La Sexta mientras el dirigente popular se reunía a puerta cerrada con otros cargos del partido en el Senado, hace alusión a que el Gobierno está "con el agua hasta el cuello" y que Sánchez sólo tiene una única vía de escape: "solo tiene un salvavidas para salvar la legislatura que son los presupuestos".
En este momento, en algún punto del Mar Jónico, un barco de la Armada italiana, el Libra, navega rumbo a Albania desde Lampedusa. A bordo, 16 inmigrantes rescatados en alta mar, en aguas internacionales. Diez egipcios y seis bangladesíes. Forman la primera tanda de deportaciones al amparo de la política migratoria del Gobierno Meloni.
Defiende Meloni ante el Senado el acuerdo migratorio suscrito con Albania. Allí en suelo albanés se han construido dos centros de detención para identificar y repatriar solicitantes de asilo rescatados en el Mediterráneo Central, en aguas fuera de la jurisdicción italiana. Solo adultos y varones. Mujeres y niños serán atendidos en suelo italiano.
La idea gusta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así lo ha trasladado por carta a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Luego han llegado las aclaraciones, matizando que la legislación actual no permite a la UE establecer este tipo de centros de deportación en terceros países.
Ese modelo a seguir del que presume la primera ministra italiana está siendo criticado por la oposición y el enorme coste de esos traslados (casi 300.000 euros por trayecto calcula el diario La Reppublica). A lo que habría que sumar la construcción de esas dos instalaciones: 670 millones de euros. Aquí, al Gobierno español, la idea tampoco convence.
Rechazo del Ejecutivo a buscar soluciones fuera del territorio comunitario mientras busca espacios en territorio nacional para aliviar el colapso migratorio de territorios como Canarias, Ceuta o Melilla. Uno de esos emplazamientos podría ser el aeropuerto de Ciudad Real. En el Ejecutivo regional no saben nada y eso hace sospechar al presidente García Page. Tampoco tienen noticias en el Ayuntamiento. Su alcalde, Francisco Cañizares, argumenta su negativa a ese proyecto que estudia el Gobierno central.
